Las nuevas medidas migratorias de EE.UU. han transformado Tapachula, México, en el epicentro de una guerra de cárteles por el control de rutas de tráfico humano, con tarifas que alcanzan los 15.000 dólares por persona.
La frontera sur de México se ha convertido en el escenario de una violenta y lucrativa industria criminal, directamente impulsada por las recientes políticas migratorias de Estados Unidos. Medidas como la cancelación del programa CBP One y un endurecimiento general de los controles fronterizos bajo la administración Trump han creado un «efecto embudo» en ciudades como Tapachula, Chiapas, atrapando a miles de migrantes y forzándolos a caer en manos de organizaciones delictivas para continuar su viaje hacia el norte.
Lo que antes era un flujo migratorio con algunas vías legales o de asilo, ahora es un mercado negro en auge, donde la desesperación es la moneda de cambio y los cárteles son los únicos proveedores del «servicio».
El «Efecto Embudo»: Cómo las Políticas de Trump Impactan en Tapachula
Tapachula, epicentro de la crisis migratoria en el sur de México, vive una realidad alterada por decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Activistas y migrantes denuncian que las políticas restrictivas de Washington no han detenido la migración, sino que la han redirigido hacia canales más peligrosos y costosos. Al cerrar las puertas a procesos de asilo más accesibles, se ha generado un cuello de botella que deja a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Este estancamiento forzado crea el caldo de cultivo perfecto para los traficantes de personas, conocidos como «coyotes», quienes ahora operan bajo una estructura empresarial controlada por los grandes cárteles de la droga. La demanda de sus servicios se ha disparado, y con ella, la violencia por el control de este negocio.
La Tarifa de la Desesperación: Un Negocio de $10,000 a $15,000 Dólares
El precio por cruzar México de forma clandestina se ha disparado. Según Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), los traficantes están cobrando actualmente entre 10.000 y 15.000 dólares por persona por el viaje desde la frontera sur hasta la frontera con Estados Unidos.
Estas cifras astronómicas revelan una sofisticada operación logística transnacional. El testimonio de Ghislayne Jiménez Moret, una migrante cubana, ilustra la estructura de costos: pagó 5.000 dólares solo por el tramo de Cuba a Nicaragua. Desde allí, tuvo que contratar a otros traficantes para que la llevaran a través de Centroamérica hasta la frontera de México con Guatemala, un servicio cobrado aparte y en dólares.
Este sistema de pagos escalonados sugiere que los «coyotes» no son actores independientes, sino más bien operadores o «franquicias» dentro de una cadena de suministro criminal mucho más grande y coordinada, que abarca múltiples países y especializaciones.
«La Guerra por la Ruta»: Cárteles en Disputa por el Botín
La rentabilidad del negocio ha desatado una feroz competencia. García Villagrán lo describe sin rodeos como una «lucha intestina» y una «guerra» entre los cárteles por el control de las rutas del tráfico de personas. Según el activista, la mitad de las ganancias de este botín está directamente relacionada con este conflicto armado por el territorio.
> «Por eso, la lucha intestina también de los carteles, por eso, la guerra de la policía chiapaneca con los diferentes carteles porque la mitad de eso que se gana de ese botín que tienen los traficantes de personas los carteles tienen que ver con esta guerra intestina porque se está peleando la ruta del tráfico y trata de personas».
> — Luis Rey García Villagrán, Director del Centro de Dignificación Humana (CDH).
Esta declaración es crucial: los migrantes han dejado de ser «clientes» para convertirse en una mercancía valiosa, un «activo» que genera ingresos. La guerra por la «ruta» significa que los cárteles luchan por el derecho a mover este «cargamento humano». La seguridad del migrante es secundaria al control del territorio, y ellos son a menudo el daño colateral, expuestos a secuestros, extorsiones por parte de grupos rivales o a quedar atrapados en medio de enfrentamientos. La mención de la «guerra de la policía chiapaneca» también sugiere un nivel alarmante de conflicto o complicidad estatal en esta crisis.
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