En México, la seguridad social no solo es un derecho, también representa una red de protección frente a enfermedades y accidentes de trabajo. Esa protección estuvo en riesgo para un trabajador que, tras sufrir un accidente con arma de fuego, fue despedido injustificadamente por su empleador.
El caso llegó hasta el Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan, donde el juez decidió frenar lo que consideró un acto discriminatorio y violatorio de derechos.
Un despido tras un accidente laboral
El trabajador presentó su demanda después de ser notificado de su despido mientras seguía en recuperación médica. Según los informes clínicos, el accidente le provocó fracturas y se estimaban 174 días de incapacidad temporal.
A pesar de ello, el patrón argumentó que “no se veía bien para seguir manejando un tracto camión” y dio por terminada la relación laboral.
Medidas cautelares a favor del empleado
El juez revisó informes médicos, constancias de incapacidad y pruebas del accidente. Determinó que existían indicios razonables de discriminación, ya que el despido ocurrió debido a la condición de salud del trabajador.
Por ello, concedió medidas cautelares para que:
- El trabajador sea reinscrito al IMSS.
- No se le dé de baja del régimen de seguridad social.
- Pueda recibir prestaciones en especie y en dinero.
El patrón deberá cumplir esta orden en un plazo máximo de tres días tras su notificación.
El papel del IMSS y la advertencia judicial
El juez también notificó al Instituto Mexicano del Seguro Social para que no se dé de baja al trabajador y, de ser necesario, lo reinscriba de inmediato.
Además, advirtió que el patrón podría enfrentar sanciones legales si incumple la medida.
Un precedente en defensa de la seguridad social
Este caso refleja la importancia de los tribunales laborales en garantizar el acceso a la seguridad social, especialmente en situaciones donde el despido ocurre en medio de un proceso de recuperación médica.
El fallo también marca un precedente en torno a la protección de los derechos humanos de los trabajadores, al reconocer que despedir a una persona por su estado de salud constituye un acto discriminatorio.
