Un hallazgo macabro ha conmocionado a Ciudad Juárez y a todo México: 383 cuerpos embalsamados, apilados en condiciones infrahumanas dentro de un crematorio. La investigación apunta no a una fosa clandestina del crimen organizado, sino a un caso sin precedentes de negligencia criminal.
La ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, a menudo asociada con la violencia del narcotráfico, es ahora el escenario de un horror de naturaleza distinta pero igualmente perturbadora. En las instalaciones del crematorio «Plenitud», autoridades realizaron un descubrimiento espeluznante: un total de 383 cuerpos humanos, embalsamados y acumulados ilegalmente en un pequeño inmueble.
La primera reacción del público y los medios fue asumir que se trataba de una nueva masacre a manos del crimen organizado. Sin embargo, la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha girado la narrativa hacia una dirección inesperada y profundamente inquietante.
La Teoría Oficial: «Negligencia Criminal» y Falla Sistémica
El Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, calificó el suceso como un «caso atroz, es inédito» y lo atribuyó a una «negligencia criminal» por parte de los operadores del crematorio. De manera crucial, la fiscalía ha sostenido que, según las primeras investigaciones, ninguno de los cuerpos presenta signos de violencia homicida.
«Todos fallecieron por causas naturales y se respetaron los protocolos de entrega a funerarias», detalló Jáuregui. La hipótesis principal es que diversas funerarias de la ciudad contrataron los servicios de cremación del establecimiento «Plenitud», pero este, en lugar de realizar los procedimientos, simplemente acumuló los cuerpos de manera ilegal y fraudulenta, contraviniendo todas las normas sanitarias y de disposición de cadáveres.
Este giro en la investigación no disminuye el horror, sino que lo redirige: de la violencia de los cárteles a una falla sistémica en la regulación de los servicios funerarios, un sector que opera con la confianza y el dolor de las familias.
Avances de la Investigación y Reacción Internacional
La investigación ya ha arrojado los primeros resultados legales. El propietario del crematorio y uno de sus empleados han sido detenidos y vinculados a proceso por estos hechos. Un juez ha dictado prisión preventiva como medida cautelar y ha concedido un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que buscará desentrañar la red de complicidades y el alcance total del fraude.
Hasta la fecha, los servicios periciales han logrado la identificación de 27 de los 383 cuerpos, una labor titánica que busca dar certeza y un cierre digno a cientos de familias que desconocían el destino final de sus seres queridos.
«Es un caso atroz, es inédito […] Ahí estaban apilados [los cuerpos] por la negligencia criminal. […] Ninguno de los cuerpos es resultado de homicidio». – César Jáuregui Moreno, Fiscal General de Chihuahua.
El caso ha trascendido fronteras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha hecho un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que lleven a cabo una investigación exhaustiva y con apego a los derechos humanos, y para que se garantice que las instituciones encargadas del manejo de restos humanos cuenten con los recursos y la capacitación necesarios para evitar que una tragedia así se repita.
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