Esta mañana, el Gobierno de Jalisco y la Fiscalía General del Estado realizaron un acto que, aunque tardío, marcó un precedente: la primera disculpa pública por un caso de desaparición forzada.
En cumplimiento de la Recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las autoridades reconocieron su responsabilidad por las omisiones cometidas en la investigación de la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo y Carolina, ocurrida el 30 de septiembre de 2010 en la frontera entre Jalisco y Zacatecas.
Reconocimiento de culpa institucional
Salvador Zamora, secretario general de gobierno, admitió que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado violó el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de las víctimas y sus familias.
“Aceptar esta recomendación es asumir con responsabilidad institucional las deudas que aún persisten”, declaró Zamora frente a los familiares.
Dolor y reclamos en el acto
Aunque el evento estaba pensado como un gesto de reconciliación, para los familiares el momento estuvo cargado de frustración. María Natividad Guerrero Sedano, abuela del menor Diego, expresó con dureza que el maltrato de la Fiscalía hacia las familias persiste.
“¿Cómo es posible que tengamos que pasar por tanto dolor para que las autoridades busquen a nuestros seres queridos?”, reclamó.
Sus palabras evidenciaron que, más allá de los discursos, las heridas siguen abiertas y la desconfianza hacia las autoridades permanece.
Promesas de cambio
Por su parte, el fiscal estatal Salvador González de los Santos aseguró que trabajan “con profesionalismo y sensibilidad” para que hechos así no se repitan, y reafirmó su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, para las familias, las promesas deben convertirse en acciones concretas: investigaciones eficaces, trato digno y un verdadero interés por encontrar a quienes faltan.
Un paso simbólico, pero insuficiente
Aunque el acto representa un avance en materia de derechos humanos y un cumplimiento parcial de las recomendaciones de la CNDH, especialistas y colectivos señalan que las disculpas públicas deben ir acompañadas de medidas reales que garanticen verdad, justicia y reparación integral.
En Jalisco, el dolor de las familias de personas desaparecidas sigue siendo una herida que no cierra, y este caso es solo uno de miles que esperan atención y justicia.
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