En Jalisco, una iniciativa de reforma a la Ley del IPEJAL, presentada por el diputado Leonardo Almaguer Castañeda, busca otorgar pensiones a familiares de servidores públicos desaparecidos, una medida urgente ante la crisis de desapariciones en el estado.
En un esfuerzo por atender una de las consecuencias más dolorosas de la crisis de inseguridad en Jalisco, el Congreso del Estado analiza una propuesta legislativa que podría significar un alivio crucial para las familias de servidores públicos que han sido víctimas de desaparición. La iniciativa, encabezada por el diputado Leonardo Almaguer Castañeda, plantea una reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) con el objetivo de que los deudos de funcionarios desaparecidos puedan acceder a los derechos de pensión por viudez u orfandad.
Este cambio legislativo surge como respuesta a un vacío legal que ha dejado en el desamparo a numerosas familias. Actualmente, la normativa del IPEJAL contempla el otorgamiento de pensiones en caso de fallecimiento del trabajador, pero omite la figura de la desaparición, una realidad que lamentablemente se ha vuelto frecuente en la entidad.
Un vacío legal con consecuencias devastadoras
La desaparición de una persona no solo implica un profundo dolor emocional para sus seres queridos, sino también una serie de complicaciones legales y económicas. Para los familiares de servidores públicos desaparecidos, la imposibilidad de acceder a una pensión agrava su situación, sumiéndolos en la incertidumbre financiera en momentos de extrema vulnerabilidad.
«Cuando un servidor público desaparece, el derecho a la seguridad social de las familias, cómo recibir una pensión, no existe,» se ha señalado en foros de discusión sobre la iniciativa. Esta carencia en la ley obliga a las familias a transitar por laberintos burocráticos y legales, a menudo sin éxito, para obtener un sustento que por derecho les correspondería si se tratara de un fallecimiento comprobado.
La «Declaración especial de ausencia»: Una vía hacia la protección
La reforma propuesta se articula en torno a la figura jurídica de la «declaración especial de ausencia». Este es un procedimiento judicial diseñado para reconocer y proteger la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, así como los de sus familiares directos, como cónyuges o hijos que dependían económicamente del servidor público ausente.
Según los detalles de la propuesta, los familiares podrían iniciar el trámite para esta declaración transcurridos 30 días naturales desde la desaparición y la presentación de la denuncia correspondiente. El proceso judicial para emitir dicha declaración no debería exceder los seis meses. Una vez obtenida, esta declaración sería el documento base para solicitar la pensión ante el IPEJAL.
Esta medida busca evitar que las familias tengan que esperar los plazos mucho más largos que usualmente se requieren para una declaración de presunción de muerte, o que se enfrenten a la exigencia de un acta de defunción, un documento imposible de obtener en casos de desaparición.
El calvario de la burocracia: El caso de Erika
La urgencia de esta reforma se ilustra con casos como el de Erika, esposa de un servidor público desaparecido en Jalisco. Durante un foro relacionado con la iniciativa, se expuso su difícil experiencia: «3 años de viuda. 2 años para poder tramitar la declaración de ausencia. Me presento a pensiones para pues hacer valer mis derechos como viuda y los de mi hijo como orfandad, y me dicen que no, que ocupo un acta de defunción, cosa que no puedo [obtener]».
«Esta reforma tendrá un gran impacto en muchas familias que desgraciadamente viven y sufren la desaparición de un ser querido. Los servidores públicos también tienen derechos.» – Testimonio durante foro sobre la iniciativa.
El caso de Erika llegó al punto de requerir un recurso de amparo para que se le eximiera del requisito del acta de defunción, evidenciando cómo la rigidez burocrática y la falta de adecuación de las leyes a la realidad pueden revictimizar a quienes ya sufren una pérdida irreparable y la angustia de la incertidumbre. La iniciativa busca precisamente eliminar estos obstáculos y humanizar el trato de las instituciones hacia las víctimas indirectas de la violencia.
Un paso hacia el reconocimiento estatal de una crisis
La discusión y eventual aprobación de esta reforma a la Ley del IPEJAL no solo representaría un avance en términos de seguridad social para un sector específico. También implicaría un reconocimiento más profundo por parte del Estado jalisciense de la magnitud de la crisis de desapariciones y de la necesidad de adaptar sus marcos legales y estructuras de protección para mitigar, al menos en parte, las devastadoras consecuencias que este flagelo impone a la sociedad.
El problema de las desapariciones en Jalisco, como se ha reconocido, «no ha cedido» , y la adaptación de las instituciones es un paso fundamental. Si bien una pensión no devuelve a un ser querido, sí puede ofrecer un mínimo de estabilidad y reconocimiento a quienes quedan atrás, enfrentando solos las secuelas de la ausencia.
La sociedad civil y los colectivos de familiares de personas desaparecidas han sido cruciales en visibilizar esta problemática y en empujar cambios legislativos como el que ahora se discute. La expectativa es que esta iniciativa prospere y siente un precedente para una protección más integral a todas las víctimas.
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