El Gobierno de la Ciudad de México aprobó un incremento de 1.50 pesos al pasaje del transporte público concesionado. El ajuste entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial y exige a los operadores cumplir medidas de seguridad, visibilidad de tarifas y uniformidad en el servicio.

El aumento al transporte concesionado entra en vigor desde el 1 de noviembre

Tras semanas de negociación con organizaciones de transportistas, el Gobierno de la CDMX autorizó un aumento de 1.50 pesos al pasaje de microbuses, vagonetas, autobuses y corredores. La decisión se tomó luego de que los choferes exigieran una actualización para igualar las tarifas del Estado de México, donde el costo mínimo del transporte subió recientemente a 14 pesos.

El acuerdo se publicó la noche del 31 de octubre en la Gaceta Oficial, lo que significa que la tarifa corregida aplica desde el 1 de noviembre.

El documento señala:

“Se autoriza la actualización de las tarifas aplicables al Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de Ruta y Corredor, en un máximo de $1.50 (…) Los concesionarios y permisionarios deberán exhibir permanentemente en lugar visible de sus vehículos la tarifa autorizada, ya que sin dicho requisito la actualización no surtirá efecto alguno”.

Es decir: si una unidad no exhibe la nueva tarifa, legalmente no puede cobrarla.

Tarifas oficiales del nuevo pasaje en CDMX

Las nuevas tarifas quedan establecidas de la siguiente manera: Tipo de transporte Tarifa mínima (primeros 5 km) Tarifa máxima Microbuses y vagonetas 7.50 pesos Hasta 9 pesos (12 km) Autobuses 8.50 pesos Hasta 9.50 pesos Corredores (Metrobús no incluido) 9.50 pesos Tarifa única

Además, habrá tarifa nocturna, que incrementa 20% entre 23:00 y 06:00 horas.

El aumento no aplica al Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús ni RTP, ya que esos servicios pertenecen directamente al gobierno capitalino y no operan bajo concesión privada.

Qué exigen ahora las autoridades a cambio del aumento

El incremento no fue aprobado de manera automática: está condicionado a que los transportistas cumplan medidas de renovación, seguridad y profesionalización del servicio.

Los compromisos son supervisados por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea). Entre las obligaciones destacan:

• Licencia tipo C vigente y visible
• Eliminación del polarizado en vidrios
• Seguro de responsabilidad civil actualizado
• Número de placa visible en la cromática de la unidad
• Uniforme obligatorio: pantalón oscuro y camisa blanca
• Mantenimiento de cámaras de vigilancia, GPS y botón de auxilio
• Unidades en buen estado mecánico y exterior

Es decir, el aumento es parte de un esquema de “tarifa condicionada”: si los concesionarios incumplen, el gobierno puede sancionar o revertir beneficios.

Por qué se dio el aumento: el argumento económico de los transportistas

El sector transportista llevaba meses presionando por un ajuste tarifario, argumentando:

• Incremento en costos de refacciones, combustible y mantenimiento
• Congelamiento de tarifas por más de un año
• Desventaja frente a la tarifa del Edomex, que es mayor
• Imposibilidad de renovar unidades con el pago actual

Aunque los transportistas pedían un alza mayor, aceptaron el incremento como “primer paso” para una revisión progresiva de tarifas, condicionada a mejoras en seguridad y calidad del servicio.

Impacto para usuarios: ¿qué cambia realmente al subir la tarifa?

Para millones de personas que usan transporte concesionado en sus traslados diarios, el aumento implica:

• Incremento acumulado en trayectos con transbordo
• Mayor costo en viajes nocturnos (20% extra)
• Exigencia de mejor servicio a cambio del pago adicional

En teoría, el aumento está ligado a una mejora perceptible: operadores identificables, vehículos en mejores condiciones, cámaras operando y seguros activos.

Sin embargo, usuarios señalan que incrementos previos no siempre se han reflejado en mejoras, y piden verificaciones estrictas antes de autorizar futuros ajustes.

El aumento de 1.50 pesos al transporte público concesionado ya está vigente en la CDMX y obliga a los operadores a cumplir estándares de seguridad, transparencia y profesionalización. El gobierno lo presenta como una medida equilibrada entre la presión económica del sector y la protección del usuario; sin embargo, el cumplimiento efectivo dependerá de la supervisión de Semovi e Invea.

Si las mejoras se aplican, el ajuste podría verse como una modernización necesaria. Si no, el aumento será percibido como otra alza sin transformación del servicio, un reclamo histórico del usuario capitalino.