La violencia en México sigue siendo uno de los desafíos más críticos para la sociedad y las autoridades. Recientemente, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado enfático a las autoridades y a los ciudadanos para combatir con determinación los grupos armados que operan en diversas regiones del país y que son responsables de asesinatos, amenazas y despojo de tierras. Según el organismo, la investigación de estos crímenes ha sido insuficiente, y se requiere enfrentar la raíz del problema para proteger la vida y la dignidad de los mexicanos.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder de productores de limón, Bernardo Bravo, ha evidenciado la magnitud de la violencia. La CEM destacó que estos hechos no solo representan tragedias individuales, sino que reflejan un desafío estructural que afecta a miles de ciudadanos que viven amenazados en su vida cotidiana, desde el desplazamiento en carreteras hasta la realización de sus actividades comerciales y recreativas.

La raíz de la violencia: presencia de grupos armados

En su comunicado, la CEM señaló que la presencia ordinaria de grupos armados es el factor que controla la vida pública de los ciudadanos en varias regiones. Esta situación se traduce en retenes ilegales, despojo de tierras, amenazas constantes a productores, comerciantes y gobernantes. Estos actos representan un grave debilitamiento del orden constitucional, el cual los gobiernos federal, estatales y municipales están obligados a garantizar.

Frente a esta problemática, la CEM subraya que combatir el crimen no solo significa investigar asesinatos, sino enfrentar las condiciones que permiten que los grupos armados ejerzan control sobre la población. La protección de la seguridad, la libertad y la dignidad de los ciudadanos debe ser prioridad para todos los niveles de gobierno, con estrategias inteligentes y coordinadas que no se limiten a los hechos aislados de violencia.

Responsabilidad de toda la sociedad

La iglesia enfatiza que todos los mexicanos tienen un papel activo en la construcción de la paz. Esto incluye a familias, maestros, comerciantes, empresarios, líderes religiosos y ciudadanos en general. La CEM afirma que la violencia fratricida solo se puede detener si cada persona reconoce su responsabilidad en la defensa de los valores que permiten vivir en paz y libertad.

“Nadie nació para hacer el mal y nadie encontrará su camino de felicidad transgrediendo la dignidad de su prójimo”, recalcó la CEM, haciendo un llamado directo a quienes participan en actos violentos para que respeten la vida y los derechos de los demás.

Diálogo y coordinación como herramientas para la paz

Además de instar a las autoridades a actuar, la CEM propone el Diálogo Nacional por la Paz como un espacio de encuentro y coordinación entre gobierno y sociedad. Este espacio busca redoblar esfuerzos de manera conjunta para prevenir asesinatos, amenazas y violaciones a las libertades de los ciudadanos. La iglesia considera que la paz no puede ser responsabilidad exclusiva del Estado: requiere participación activa y organizada de todos los sectores de la sociedad.

Avanzar hacia un México seguro y digno

La situación actual evidencia que la violencia y el control de grupos armados han deteriorado la vida diaria de muchas comunidades. Sin embargo, la CEM mantiene la convicción de que, con acción decidida, inteligencia y colaboración, es posible proteger a los ciudadanos y restablecer el orden y la seguridad en todo el país. La iglesia concluye que la paz depende tanto de políticas efectivas como del compromiso de la sociedad para defender los valores fundamentales de la nación.

La exhortación de la CEM es clara: detener la violencia requiere un enfoque integral que combine seguridad, justicia y participación ciudadana. Solo así se podrá garantizar un México donde las familias, comerciantes, gobernantes y todos los ciudadanos puedan vivir dignamente, en libertad y sin miedo.