Proceso forense concluido: 23 vidas perdidas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que las 23 víctimas mortales del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo ya fueron plenamente identificadas, tras concluir estudios periciales que permitieron reconocer a las dos personas cuyo nombre seguía pendiente: un hombre de 63 años oriundo de Guadalajara y una mujer de 38 años originaria de Caborca. Con ello, quedó cerrado el proceso de identificación oficial de los fallecidos.

El balance final revela el impacto humano de la tragedia: dos niñas, cuatro niños, doce mujeres —una de ellas embarazada— y cinco hombres adultos. La dimensión familiar del daño es profunda: 13 hogares afectados, algunos con la pérdida de hasta tres integrantes.

Entre los fallecidos se encuentran cuatro madres que murieron junto a sus hijos menores; dos de ellas con dos pequeños, otra con un niño y una adolescente, y otra mujer con una niña. También figura una joven universitaria, dos matrimonios, un trabajador de la tienda y una pareja originaria de Baviácora.

Historias detrás de la tragedia

Uno de los fallecidos identificados fue Carlos Arreola Ramírez, de 62 años, excolaborador del Poder Judicial y residente de Hermosillo. Su familia viajó desde Puebla para reclamar el cuerpo. Lo describieron como un hombre generoso, solidario y profundamente dedicado a su familia.

Otra de las víctimas fue una mujer de 38 años originaria de Caborca, cuyo cuerpo también pudo ser entregado tras ser identificado mediante estudios forenses.

El último cuerpo será entregado este martes, según confirmaron autoridades.

Heridos en estado crítico: lucha por sobrevivir

Mientras avanza el proceso forense, al menos dos personas continúan en estado crítico en hospitales de Hermosillo.

Una de ellas es Marco Segundo Reyes, empacador en Waldo’s, con quemaduras en el 90% del cuerpo. Permanece intubado en terapia intensiva en la Clínica del Noroeste. Su hija Dulce relató que ambos se turnaban el trabajo en la tienda y que ese sábado le correspondía a él estar en el establecimiento.

La familia ha solicitado donadores de sangre tipo O negativo y apoyo comunitario para costear gastos médicos.

El segundo caso grave es el de María Isabel Morales, estudiante de Psicología de 20 años, quien llevaba solo dos días trabajando como cajera. Presenta quemaduras de segundo y tercer grado y será trasladada a un hospital especializado en Phoenix. Su familia también pide donaciones de sangre tipo A- y O-.

“Ella logró salir del incendio caminando, llamó a su familia desde la ambulancia. Ha sido muy fuerte, pero está luchando”, relató su tía Angélica.

Investigación: fallas, permisos y responsabilidades

La FGJES mantiene una investigación activa que incluye revisión de:

• Permisos de operación y seguridad
• Programas internos de Protección Civil
• Dictámenes eléctricos
• Responsabilidad corporativa y administrativa de Waldo’s

Peritos en criminalística, incendios, explosivos e ingeniería trabajan para determinar el origen del siniestro y posibles omisiones institucionales o corporativas.

Un dato clave revelado por autoridades municipales: la sucursal de Waldo’s siniestrada carecía de programa interno de Protección Civil vigente desde 2021.

En consecuencia, las 68 tiendas Waldo’s en Sonora fueron clausuradas de manera preventiva en municipios como Cajeme, Guaymas, Navojoa, Agua Prieta y Magdalena.

Protesta social y exigencia de justicia

Ante el dolor acumulado y la percepción de negligencia, ciudadanos y activistas convocaron a una marcha pacífica para el miércoles 5 de noviembre a las 17:00 horas, desde la Plaza Emiliana de Zubeldía hasta la Fiscalía de Sonora y los palacios de gobierno municipal y estatal.

Las exigencias son claras:

• Esclarecimiento del incendio
• Sanciones penales y administrativas
• Reparación integral del daño para víctimas y sobrevivientes
• Responsabilidad empresarial y gubernamental

Una herida abierta en Hermosillo

Mientras avanzan las indagatorias, las familias enfrentan lo más difícil: el duelo, la espera y la búsqueda de justicia. El hecho dejó al descubierto fallas en seguridad, supervisión y cumplimiento de normas, además de reavivar debates sobre precariedad laboral, protección al consumidor y la responsabilidad social empresarial.

El incendio no solo destruyó una tienda: fracturó comunidades enteras, dejó huérfanos, apagó proyectos de vida y recordó con dolor que la seguridad en espacios públicos no es un trámite, sino una obligación vital.