Guillermo Valencia denuncia ola de asesinatos políticos en Michoacán
En un acto cargado de tensión y simbolismo, el diputado Guillermo Valencia, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), alzó la voz durante la toma de protesta de Grecia Quiroz como alcaldesa interina de Uruapan. Su intervención no solo rompió el protocolo, sino que encendió las alarmas sobre una realidad que parece repetirse en Michoacán: la violencia política.
El legislador aprovechó el momento para exponer que, durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, Michoacán ha presenciado una escalofriante cifra de asesinatos contra autoridades locales.
“Ya son 97 alcaldes asesinados”, denunció el diputado priista
Con tono firme y visible molestia, Guillermo Valencia recordó a los presentes que el reciente asesinato del alcalde Carlos Manzo no fue un hecho aislado. De acuerdo con el diputado, se trata del décimo presidente municipal ejecutado en el actual gobierno y el número 97 si se suman los casos de la administración anterior.
“Dejaré la intensidad para después y lo hago por respeto a la señora Grecia y a todos los que acompañaron en su lucha a Carlos Manzo. Pero es el décimo presidente municipal ejecutado en lo que va del actual gobierno; ya son 97 si sumamos los 87 del gobierno anterior”, declaró frente a los asistentes.
Sus palabras generaron un profundo silencio en la sala, interrumpido solo por murmullos de preocupación.
Michoacán, entre la violencia y la política
Michoacán ha sido uno de los estados más golpeados por la violencia política en México. La combinación entre crimen organizado, debilidad institucional y conflictos locales ha dejado una estela de asesinatos que parece no tener fin.
Durante el acto, Valencia enfatizó que esta tendencia no distingue colores partidistas ni ideologías, y que tanto gobiernos de Morena como de otros partidos han fallado en garantizar seguridad a sus representantes municipales.
Comparación entre administraciones
El diputado también comparó las cifras actuales con las de gobiernos anteriores. Según sus declaraciones, durante las administraciones del PAN y del PRI —encabezadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— se registraron 77 asesinatos de alcaldes, cifra que ha sido superada durante los gobiernos de Morena.
La mención directa a las administraciones de la 4T, tanto la de Andrés Manuel López Obrador como la de Claudia Sheinbaum, fue un mensaje claro: la violencia política, lejos de disminuir, parece haberse incrementado.
Uruapan, epicentro de una tragedia política
El contexto no podía ser más simbólico. La denuncia se dio en Uruapan, una ciudad que recientemente vivió el asesinato del alcalde Carlos Manzo, un político cercano a distintos sectores sociales y conocido por su relación con el gremio transportista.
Durante la ceremonia, familiares, funcionarios y ciudadanos rindieron homenaje al edil, mientras la nueva alcaldesa interina, Grecia Quiroz, asumía el reto de dirigir un municipio marcado por la inseguridad.
Llamado a la justicia y al Estado mexicano
Guillermo Valencia cerró su intervención con un llamado enérgico al Estado mexicano para detener la impunidad. “No podemos normalizar el asesinato de nuestras autoridades locales. Cada alcalde muerto representa una falla del sistema de seguridad y justicia”, advirtió.
Su mensaje fue respaldado por varios asistentes que exigieron medidas concretas para proteger a los funcionarios municipales, especialmente en regiones donde el crimen organizado tiene fuerte presencia.
Una denuncia que reaviva el debate nacional
Las declaraciones de Valencia reavivan un tema que ha sido constante en los últimos años: la vulnerabilidad de los líderes locales ante la violencia. Con 97 alcaldes asesinados, según su conteo, Michoacán se posiciona como uno de los estados más peligrosos para ejercer cargos públicos.
La denuncia, además, podría escalar a nivel nacional y presionar al gobierno federal para revisar los protocolos de seguridad de servidores públicos municipales.
El silencio que duele en Michoacán
Mientras el país avanza en debates políticos y campañas, en regiones como Michoacán persiste un silencio incómodo: el de las familias que perdieron a sus líderes comunitarios. La voz de Guillermo Valencia, más allá de la polémica partidista, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que resuena cada vez con más fuerza: ¿quién protege a quienes gobiernan?
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