En Chihuahua, el dinero destinado a publicidad parece no tener límites. Durante 2025, el gobierno encabezado por la panista María Eugenia Campos destinó más de 837 millones de pesos en comunicación social, cifra que representa un 378% más del presupuesto originalmente aprobado por el Congreso local.
La denuncia fue presentada por Jael Argüelles, diputada estatal por Morena, quien señaló que estos recursos públicos se ejercen de manera discrecional, beneficiando a ciertos medios de comunicación y campañas de imagen institucional.
“Estamos ante un uso excesivo y opaco del dinero público”, advirtió la legisladora. “Cada año se aprueban montos claros, pero el gobierno de Campos los rebasa sin justificación ni autorización del Congreso”.
Historia de excesos presupuestales
De acuerdo con los datos obtenidos vía transparencia, esta práctica no es nueva. En 2022, se autorizaron 190 millones de pesos para comunicación, pero el gasto final fue de 345 millones. Un año después, se aprobaron 199 millones y se ejercieron 586 millones.
Para 2024, el Congreso autorizó 179 millones, pero el gobierno terminó gastando 704 millones, y en 2025, de los 175 millones aprobados, ya se habían ejercido 837 millones hasta septiembre.
“Es un patrón sistemático”, señaló Argüelles. “No hay planeación, ni respeto a la Ley de Presupuesto, ni rendición de cuentas”.
Violaciones a la ley y falta de transparencia
La diputada recordó que la Ley de Presupuesto de Egresos y Contabilidad Gubernamental de Chihuahua establece que ningún gasto puede rebasar el 5% del monto autorizado sin aprobación legislativa. En este caso, el incremento supera con creces ese límite.
Para la oposición, el gasto desmedido refleja una prioridad política sobre la social.
“Mientras comunidades rurales enfrentan recortes en salud o infraestructura, el gobierno gasta millones en autopromoción”, enfatizó Argüelles.
El poder de la imagen sobre el servicio público
En un contexto nacional donde la transparencia y la austeridad se han vuelto temas centrales, el caso de Chihuahua genera debate. ¿Hasta qué punto la comunicación institucional es necesaria y cuándo se convierte en propaganda?
Los críticos sostienen que este tipo de gastos podrían destinarse a educación, infraestructura o programas sociales, mientras que el gobierno argumenta que la difusión de información oficial fortalece la relación con la ciudadanía.
La discusión apenas comienza, pero el número habla por sí solo: 837 millones de pesos gastados en imagen durante un solo año.
En el corazón del norte de México, un estado que presume modernidad y desarrollo enfrenta un dilema clásico: ¿informar o promover? Mientras los reflectores se dirigen a los logros del gobierno, la oposición exige cuentas claras. Lo que está en juego no es solo un presupuesto: es la confianza ciudadana.
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