En una mañana de miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mostró firme: las investigaciones financieras contra 13 casinos presuntamente relacionados con lavado de dinero “tienen sustento legal y pruebas”.
En medio de las especulaciones sobre un posible trasfondo político, la mandataria aclaró que las indagatorias se realizan con apego a la ley y bajo el marco de la estrategia de seguridad nacional, centrada en rastrear recursos ilícitos vinculados a la delincuencia organizada.
“Aquí no hay persecución política, hay Estado de derecho”, dijo con tono contundente, dejando claro que el objetivo de su administración es cortar los flujos financieros del crimen, sin importar los intereses que puedan verse afectados.
Los casinos bajo la lupa de la UIF
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los establecimientos investigados habrían realizado operaciones sospechosas a través de identidades robadas o prestanombres, incluyendo jóvenes, amas de casa y jubilados.
Las ganancias se registraban como “apuestas”, pero luego eran transferidas al extranjero y blanqueadas en paraísos fiscales.
La procuradora fiscal Grisel Galeano García explicó que estos mecanismos forman parte de redes más amplias que buscan evadir impuestos y financiar actividades ilícitas.
“Las pruebas existen y los procesos avanzan conforme al marco legal”, enfatizó.
Grupo Salinas y la controversia
Cuando se le preguntó sobre los dos casinos vinculados a Grupo Salinas, Sheinbaum fue tajante:
“La autoridad no puede pronunciarse sobre casos específicos mientras la investigación esté en curso”.
Aun así, recordó que las inspecciones a TV Azteca por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son revisiones rutinarias, no persecuciones empresariales.
En tono reflexivo, subrayó que su gobierno actúa bajo los principios de justicia social y legalidad:
“El Estado de derecho significa cumplir la ley, no hacer trampa para pagar menos impuestos”.
Sheinbaum responde a Salinas Pliego
En un giro de la conferencia, Sheinbaum también reaccionó a las declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien llamó “parásitos” a los beneficiarios de programas sociales.
“Es indignante que se les ataque de esa manera”, dijo la presidenta. “Los adultos mayores y los jóvenes que reciben apoyo han entregado su vida por su familia y por el país”.
Además, recordó que empresas de Grupo Salinas han participado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que demuestra —dijo— que las investigaciones no tienen motivación política, sino legal.
Entre la justicia y el poder económico
La escena en Palacio Nacional fue clara: una presidenta que defiende el principio de justicia frente al poder económico.
Mientras Sheinbaum hablaba, las preguntas sobre si el caso podría tensar la relación entre su gobierno y uno de los empresarios más influyentes del país flotaban en el aire.
Pero la mandataria fue enfática: la ley, no las relaciones, define las decisiones.
La narrativa que emerge no es solo sobre casinos o finanzas, sino sobre una nueva forma de ejercer el poder: sin miedo a tocar intereses, y con la promesa de que la justicia no distingue apellidos.
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