La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado el proceso de extinción de dominio sobre una lujosa residencia vinculada a María del Rosario “N”, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos. Esta acción se da tras su detención el pasado 23 de enero en el Operativo Enjambre, en el que se descubrieron más de cinco millones de pesos en efectivo en su domicilio en Toluca.
La residencia, ubicada en un exclusivo fraccionamiento de San Felipe Tlalmimilolpan, en los límites con Metepec, ha sido señalada como posible refugio de bienes de procedencia ilícita, lo que llevó a la FGJEM a aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
¿De qué se acusa a María del Rosario “N”?
La exalcaldesa enfrenta tres acusaciones de extorsión ocurridas en diciembre de 2022, febrero de 2024 y septiembre de 2024. Actualmente, se encuentra en el Centro Penitenciario de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, mientras avanza el proceso legal en su contra.
Según el Código Penal del Estado de México, la extorsión puede castigarse con penas de 40 a 70 años de prisión, e incluso cadena perpetua en casos graves. Hasta ahora, ha sido vinculada a proceso por dos de los tres casos, mientras que el tercero sigue en investigación.
Este 1 de febrero, un juez decidirá si la vincula a proceso también por la tercera acusación, lo que podría complicar aún más su situación jurídica.
El dinero incautado y el posible vínculo con la delincuencia organizada
El hallazgo de millones de pesos en efectivo dentro de su residencia ha levantado sospechas sobre posibles vínculos con grupos del crimen organizado, específicamente con la Familia Michoacana.
Además, su esposo, el actual alcalde de Santo Tomás, Pedro Luis Hernández, también enfrenta una orden de aprehensión y actualmente se encuentra prófugo. Su posible relación con la delincuencia ha intensificado el escrutinio sobre su administración y las finanzas del municipio.
¿Qué implica la extinción de dominio en este caso?
La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado confiscar bienes vinculados a delitos como corrupción, narcotráfico o lavado de dinero. En este caso, la FGJEM sostiene que la residencia de la exalcaldesa fue utilizada para esconder recursos de procedencia ilícita, lo que la hace susceptible de ser decomisada.
Si se aprueba la extinción de dominio, el inmueble podría ser subastado o reasignado para uso gubernamental. Este procedimiento ha sido utilizado en otros casos de exfuncionarios acusados de corrupción, consolidando una estrategia de la FGJEM para combatir la impunidad en el Estado de México.
Impacto del caso en la política del Edomex
Este escándalo ha causado revuelo en el panorama político estatal, pues es una muestra de cómo la corrupción sigue permeando en las administraciones municipales. La detención de María del Rosario “N” y la orden de captura contra su esposo evidencian un patrón preocupante en el uso indebido de recursos públicos y la presunta infiltración del crimen organizado en la política local.
A medida que se desarrollan las investigaciones, la atención se centra en la audiencia del 1 de febrero, que definirá el futuro legal de la exalcaldesa y podría sentar un precedente sobre la lucha contra la corrupción en la entidad.
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