FGJ imputa a OCESA y a una empresa de seguridad privada por el delito de homicidio, tras la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández Rojas, ocurrida durante el festival AXE Ceremonia 2025. El caso ha escalado a un punto clave en la búsqueda de justicia, al involucrar directamente a compañías responsables de la organización y resguardo del evento, reabriendo el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos en la Ciudad de México.

FGJ: Imputación formal marca un giro en la investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) notificó el pasado 20 de enero que Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. fueron formalmente imputadas por el delito de homicidio, derivado del fallecimiento de los dos fotoperiodistas dentro del festival AXE Ceremonia.

De acuerdo con la representación legal de la familia de Berenice Giles, la Ministerio Público Mercedes Karina Granados integró a ambas empresas en la carpeta de investigación desde el 14 de enero, tras una serie de resoluciones judiciales que señalaron omisiones en el proceso inicial.

Jueces obligaron a incluir a las empresas señaladas

El avance no fue automático. Tres jueces distintos determinaron que la FGJ debía incluir a OCESA y a la empresa de seguridad privada como posibles responsables dentro de la investigación. Estas resoluciones fueron clave para que el Ministerio Público ampliara el alcance del caso.

Con esta decisión, el expediente ahora contempla cinco empresas involucradas y ocho personas físicas señaladas, lo que refleja la complejidad de la cadena de responsabilidades en eventos de gran magnitud, donde intervienen organizadores, proveedores de seguridad, personal operativo y autoridades.

Familias exigen justicia y visibilizan la impunidad

El pasado 21 de enero, los padres de Miguel Ángel Hernández Rojas instalaron un contador de impunidad frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, ubicados en Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

El acto simbólico busca visibilizar el tiempo transcurrido sin sentencias y presionar a las autoridades para que el caso no quede en el olvido. Para las familias, la imputación representa un avance, pero no el cierre del proceso.

Denuncian intentos por desvirtuar la lucha

En un video difundido públicamente, el padre de Berenice Giles advirtió que existen grupos interesados en desvirtuar la lucha de las familias, asegurando que se pretende desviar la atención del objetivo central: justicia para las víctimas.

Señaló que estas acciones no buscan beneficios personales ni políticos, sino establecer responsabilidades claras y sentar un precedente que evite futuras tragedias en eventos masivos.

El caso AXE Ceremonia y la responsabilidad corporativa

El proceso legal contra OCESA, una de las empresas más influyentes en la industria del entretenimiento en México, abre una discusión de fondo sobre la responsabilidad corporativa en festivales y conciertos.

Expertos en derecho penal y protección civil han señalado que la imputación podría marcar un antes y un después en la forma en que se evalúan los protocolos de seguridad, la contratación de empresas privadas y la supervisión de riesgos en espectáculos con miles de asistentes.

Un precedente para la seguridad en eventos masivos

Más allá del caso específico, la investigación pone bajo la lupa a todo el sector. La posibilidad de que empresas organizadoras enfrenten consecuencias penales podría modificar prácticas que, durante años, se consideraron meramente administrativas.

Para colectivos de periodistas y defensores de derechos humanos, el reconocimiento de las víctimas como fotoperiodistas en ejercicio también es relevante, ya que subraya los riesgos que enfrentan los trabajadores de la prensa incluso fuera de contextos de violencia armada.

Justicia pendiente y expectativas

Aunque la imputación no implica culpabilidad automática, las familias consideran que es un paso decisivo. El proceso judicial continuará en los próximos meses, y será ahí donde se determine si las omisiones señaladas derivan en responsabilidades penales.

Mientras tanto, el caso AXE Ceremonia se mantiene como un símbolo de la exigencia de justicia, de la necesidad de eventos seguros y de la urgencia de que la impunidad no sea la norma cuando ocurren tragedias evitables.