El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, compareció este miércoles ante el segundo juzgado penal como parte de una investigación por presunto peculado y desvío de recursos públicos. La acusación señala que en 2018 su administración pagó casi 97 millones de pesos a una empresa de asesorías, cuando el año anterior apenas había destinado alrededor de un millón al mismo concepto.

El ex mandatario priísta acudió acompañado de su defensa y sostuvo que desconoce los detalles de la nueva imputación. “No, no sabemos, y venimos a atender aquí los diferentes citatorios que nos envían. Estamos en absoluta y plena colaboración”, declaró ante medios de comunicación tras salir de la audiencia.

Los señalamientos de la actual administración

Las acusaciones contra Ignacio Peralta fueron presentadas públicamente en octubre de 2021 por la actual gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien reveló diversas irregularidades detectadas durante la revisión de la administración pasada.

De acuerdo con la mandataria, los pagos por casi 100 millones de pesos se realizaron a empresas contratadas para supuestos “estudios y análisis”, a través de adjudicaciones directas sin procesos de licitación. Estas prácticas fueron recurrentes durante la gestión de Peralta, especialmente en la Secretaría de Finanzas, lo que generó sospechas sobre la legalidad de los contratos y el destino final de los recursos.

Otros ex funcionarios también comparecen

En la misma audiencia comparecieron Carlos Noriega, ex secretario de Finanzas, y el actual diputado local del PRI Arnoldo Ochoa González, quien se desempeñó como secretario de Gobierno en el periodo 2015-2021. Ambos forman parte del círculo cercano del ex mandatario y enfrentan procesos judiciales por las mismas acusaciones.

No es la primera vez que Peralta y sus colaboradores son llamados a declarar. En junio pasado acudieron por otro proceso penal, donde se les imputaron presuntos delitos relacionados con el desvío de recursos destinados al C5i y un crédito bancario por 500 millones de pesos para remodelar el Palacio de Gobierno, de los cuales solo se comprobaron 400 millones ejercidos.

Créditos, deudas y nóminas suspendidas

Los señalamientos contra Peralta Sánchez no se limitan al caso de la empresa de asesorías. En julio de 2021, a pocos meses de concluir su administración, el ex gobernador ordenó el pago de casi mil millones de pesos a bancos por deuda a corto plazo, al tiempo que anunció la suspensión de pagos de nómina a más de 5 mil trabajadores del sector público.

Estas decisiones financieras agudizaron la crisis económica del estado y derivaron en denuncias penales adicionales por presunta responsabilidad en la mala gestión de recursos y la falta de transparencia en el destino de los fondos públicos.

Posible responsabilidad por peculado

El delito de peculado implica el uso indebido de recursos públicos en beneficio propio o de terceros. En este caso, la fiscalía deberá determinar si los pagos millonarios a empresas de asesorías en 2018 constituyen un desvío de recursos para fines electorales o personales, como sugieren los informes de la actual administración estatal.

Si se confirma la irregularidad, el ex gobernador y sus ex funcionarios podrían enfrentar sanciones que van desde la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta penas de prisión, dependiendo de la magnitud del daño al erario y las pruebas que se logren presentar en el proceso judicial.

Repercusiones políticas para el PRI en Colima

El caso de Ignacio Peralta representa un golpe para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Colima, estado donde la organización perdió la gubernatura en 2021 tras décadas de dominio político. Las acusaciones de corrupción y manejo indebido de recursos refuerzan la percepción negativa de la ciudadanía hacia el partido en un contexto nacional donde lucha por recuperar legitimidad.

El actual proceso judicial podría influir en el futuro político del PRI en la entidad, así como en las alianzas que busque consolidar rumbo a las próximas elecciones locales y federales.

La comparecencia del ex gobernador Ignacio Peralta Sánchez ante el segundo juzgado penal por presunto desvío millonario de recursos refleja la compleja situación judicial y política que enfrenta el priísmo en Colima. Las acusaciones, que incluyen contratos inflados, adjudicaciones directas y deudas millonarias, han colocado al ex mandatario y a su equipo bajo el escrutinio público.

Con investigaciones abiertas por el caso de la empresa de asesorías, el uso del crédito para el Palacio de Gobierno y el pago irregular de deudas bancarias, el proceso apenas comienza. El desenlace no solo marcará el futuro de Peralta y sus colaboradores, sino también el rumbo político del PRI en la entidad, en un contexto donde la exigencia ciudadana de transparencia y rendición de cuentas se vuelve cada vez más fuerte.