El estado de Jalisco, bajo la administración de Enrique Alfaro, vivió una de las etapas más críticas en materia de desapariciones forzadas. Más de 15,382 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 8,000 casos ocurrieron durante su mandato. Según diversos informes, este fenómeno no podría entenderse sin la presunta colusión de autoridades locales con el crimen organizado, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un informe elaborado por académicos y activistas documenta cómo las instituciones de seguridad se convirtieron en cómplices de estas desapariciones, un hecho que refleja la fragilidad del estado de derecho en una de las entidades más importantes de México.
El informe que revela el vínculo entre autoridades y desapariciones
Según el informe titulado “Desaparición forzada en Jalisco: más que casos, el motor de su crisis de personas desaparecidas”, al menos 305 servidores públicos están implicados en desapariciones. Entre ellos se encuentran policías municipales, estatales y elementos de la Fiscalía.
En municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, las fuerzas de seguridad locales han sido señaladas como colaboradoras del CJNG. Las denuncias incluyen casos de detenciones ilegales, entrega directa de detenidos al crimen organizado y desapariciones en colaboración con grupos armados.
El “halconazo tapatío”: La represión que marcó un sexenio
En junio de 2020, tras el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales, se desató una ola de protestas en Guadalajara. Lo que inició como un clamor por justicia terminó en una represión brutal conocida como el “halconazo tapatío”.
¿Qué sucedió?
- Detenciones masivas: Más de 100 personas fueron subidas a camionetas sin placas por agentes no identificados.
- Desapariciones temporales: Decenas de jóvenes fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía, donde permanecieron incomunicados durante horas.
- Testimonios de violencia: Periodistas y testigos narran cómo los agentes utilizaron la fuerza de manera desproporcionada para sofocar las manifestaciones.
El halconazo tapatío dejó al descubierto un modus operandi en el que autoridades estatales actuaban como brazo represor, utilizando las desapariciones como herramienta de control.
Estadísticas alarmantes: Las cifras detrás de la crisis
Un panorama desolador
De las 15,382 desapariciones registradas en Jalisco:
- 13,618 son hombres y 1,764 son mujeres.
- 74% de las víctimas tienen entre 21 y 40 años.
- 7% son menores de 20 años.
Municipios más afectados por desapariciones forzadas:
- Guadalajara: 34 casos documentados.
- Zapopan: 27 casos.
- Tlajomulco de Zúñiga: 13 casos.
En estos municipios también se concentran los hallazgos de fosas clandestinas: Zapopan (70) y Tlajomulco (35).
Colusión con el CJNG: El motor de las desapariciones
Modus operandi de las desapariciones forzadas
Los testimonios recabados en el informe señalan patrones de operación que incluyen:
- Entrega directa: Agentes detienen a las víctimas y las entregan al CJNG.
- Entrega indirecta: Las víctimas son arrestadas, puestas en libertad y, posteriormente, interceptadas por comandos armados.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en julio de 2021 en San Ignacio Cerro Gordo, donde tres hombres fueron detenidos sin motivo, liberados y posteriormente desaparecidos.
Rol de las policías municipales como “halcones”
Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, asegura que las policías municipales actúan como ojos y oídos del CJNG. Además, elementos de la Fiscalía participan activamente para garantizar que las desapariciones se ejecuten sin interrupciones por otras autoridades.
Respuesta oficial: Negación y simulación
Pese a las evidencias, el exgobernador Enrique Alfaro negó en repetidas ocasiones la existencia de una crisis de desapariciones en Jalisco. Incluso minimizó las denuncias de colectivos y víctimas, calificando sus acusaciones como ataques políticos.
Justicia pendiente y memoria colectiva
La crisis de desapariciones en Jalisco durante el sexenio de Enrique Alfaro es un recordatorio doloroso de la fragilidad institucional en México. Las historias de víctimas y familiares exigen no solo justicia, sino un compromiso real para combatir la colusión entre autoridades y el crimen organizado.
La sociedad no debe olvidar los nombres de los desaparecidos ni de quienes permitieron que este fenómeno creciera de manera alarmante.
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