La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de Quintana Roo impulsó una iniciativa de reforma al Código Penal de Quintana Roo para aumentar las sanciones por el delito de contaminación ambiental, tipificado en el artículo 179.
La propuesta busca elevar la pena máxima de cinco a nueve años de prisión, así como hasta setecientos días multa, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para sancionar con mayor severidad los daños graves al medio ambiente.
El diputado Renán Sánchez, uno de los principales promotores de la iniciativa, explicó que se trata de una medida estratégica para proteger el patrimonio natural de la entidad y, con ello, su viabilidad social y económica.
“Nuestra iniciativa tiene como propósito robustecer la capacidad de respuesta del Estado frente al Delito de Contaminación Ambiental, un ilícito que atenta directamente contra el patrimonio natural y, por ende, contra la viabilidad económica y social de Quintana Roo”, dijo.
El diputado advirtió que la legislación vigente genera una distorsión en la impartición de justicia, ya que el rango actual de las penas obliga a tratar con una severidad similar a quien causa daños menores y a quien provoca afectaciones ecológicas de gran magnitud.
“Actualmente, el rango de la pena es tan estrecho que, en la práctica, obliga a la Autoridad Judicial a tratar con una severidad similar a quien comete una contaminación de efectos menores y a quien, deliberadamente o por negligencia grave, provoca un daño ecológico de gran magnitud, irreversible y de amplia escala. El techo punitivo vigente es tan bajo que resulta insuficiente para sancionar con justicia los peores escenarios”, afirmó.
El diputado del PVEM agregó que esta limitación legal se ha convertido en un incentivo para grandes actores económicos, quienes llegan a considerar la multa como un gasto más de operación.
“Para las entidades corporativas con amplios medios económicos, la sanción máxima actual es irrisoria. Se asume como un simple ‘costo de operación’, un gasto administrativo que resulta más rentable pagar que invertir en tecnologías limpias, plantas de tratamiento o una gestión de residuos adecuada. La ley, sin quererlo, fomenta la impunidad del infractor poderoso y abarata el costo de contaminar”, explicó.
Un daño ambiental puede ser instantáneo y catastrófico
El legislador del PVEM destacó que el delito de contaminación ambiental representa una amenaza real e inmediata para el estado, no solo por sus efectos físicos, sino también por su impacto económico y reputacional a nivel global.
“Un solo evento de contaminación grave como una descarga masiva de aguas residuales al sistema lagunar, un derrame químico que contamine el manto freático y los cenotes, o el vertido de combustibles que arruine kilómetros de playa, puede causar un daño catastrófico e instantáneo a nuestra economía”, alertó.
También recordó que no solo la gran industria representa un riesgo ambiental, sino que estos delitos se presentan en la vida cotidiana. Como ejemplo, mencionó el caso ocurrido en Chetumal de un supuesto crematorio de mascotas que presuntamente arrojaba cuerpos en lotes baldíos.
“Lo vemos en el día a día, en el corazón de nuestras ciudades. Un ejemplo reciente es el de un supuesto crematorio de mascotas que, en lugar de dar un manejo digno a los cuerpos, optó presuntamente por arrojarlos de manera clandestina, creando un cementerio ilegal”, señaló.
Más castigo al gran contaminador, protección al ciudadano común
Renán Sánchez recalcó que la iniciativa no busca castigos desproporcionados para personas de escasos recursos, sino sanciones ejemplares para quienes, con poder económico, dañan gravemente el entorno.
“Al elevar el máximo y mantener el mínimo, le otorgamos a las personas juzgadoras el arbitrio judicial que la Constitución les confiere. Les damos la herramienta para individualizar la pena con verdadera justicia, permitiendo una sanción severa y disuasoria para el actor económico poderoso, sin afectar de manera desproporcionada a quien incurra en esta conducta por necesidad, ignorancia o causando un impacto menor”, explicó.
Actualmente, la pena mínima se mantiene en seis meses de prisión, mientras que la máxima subiría a nueve años, lo que permitirá al Poder Judicial aplicar el principio de proporcionalidad de forma más efectiva.
“Permitir que una persona infractora provoque un daño masivo y reciba la misma pena máxima que una persona infractora pequeña es una falla del sistema de Justicia Penal y una violación a los principios de proporcionalidad de la pena y de Justicia Ambiental”, comentó.
TE PODRÍA INTERESAR