Una respuesta a la crisis de violencia de género en México
El Congreso de la Ciudad de México dio un paso importante al aprobar en comisiones una reforma a la Ley General de Educación enfocada en la prevención de la violencia de género en las escuelas. El dictamen surge como respuesta a una de las crisis sociales más graves que enfrenta el país: la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
La propuesta, defendida por la diputada Patricia Urriza Arellano, reconoce que este problema atraviesa todas las clases sociales, credos y condiciones, y que sus efectos son profundos y duraderos. Durante su intervención en el recinto legislativo, subrayó que el tema no puede ser ajeno al Congreso, pues afecta directamente la vida de millones de familias.
Integración de madres y padres en la prevención
Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación de madres y padres de familia en la prevención y atención de agresiones dentro de los centros educativos. El dictamen incorpora cambios al artículo 30 y suma la fracción 4 bis al artículo 130 de la Ley General de Educación, reforzando la corresponsabilidad entre escuela y hogar.
La reforma propone que las asociaciones de padres y madres de familia trabajen en conjunto con docentes y autoridades educativas para implementar acciones de prevención, sensibilización y respuesta ante casos de violencia, discriminación o acoso en los espacios escolares.
Este enfoque busca consolidar un modelo educativo donde la formación académica esté acompañada de valores de respeto, inclusión e igualdad de género, contribuyendo a erradicar prácticas que normalizan la violencia.
La escuela y la familia: un trabajo conjunto
En palabras de Urriza Arellano: “La educación en las nuevas generaciones es un trabajo conjunto. No podemos separar la formación que recibimos en casa de la formación en las escuelas”. La diputada resaltó la necesidad de construir una cultura de respeto desde la infancia, ya que solo a través de la colaboración entre familias y escuelas será posible romper los ciclos de agresión que persisten en la sociedad.
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, responsable de dictaminar la propuesta, coincidió en que docentes y familias comparten la responsabilidad de garantizar entornos escolares seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan convivir libres de violencia de género.
Más allá de las aulas: derechos y discriminación
Durante la discusión legislativa, Urriza Arellano recordó que la violencia de género no se limita a las escuelas, sino que también se manifiesta en otros espacios públicos. Citó como ejemplo un caso de discriminación hacia una mujer trans en el Metro de la Ciudad de México, donde se le negó el acceso al vagón exclusivo para mujeres.
Este ejemplo sirvió para reforzar el argumento de que la defensa de los derechos humanos es un esfuerzo constante. “Los derechos no están adquiridos para siempre y tenemos que seguir defendiéndolos hacia el futuro”, puntualizó la legisladora.
La mención de este caso generó un llamado a que las instituciones, tanto educativas como sociales, refuercen sus protocolos de respeto e inclusión, garantizando que todas las personas tengan acceso a espacios libres de discriminación.
Educación con perspectiva de género
El dictamen también busca que los contenidos educativos incluyan de manera transversal la perspectiva de género, fomentando valores que fortalezcan la igualdad entre mujeres y hombres desde la educación básica. Este aspecto es considerado esencial para que las nuevas generaciones crezcan con una visión más incluyente, respetuosa y consciente de la importancia de erradicar la violencia.
La integración de estos valores en la enseñanza diaria complementa el papel de las familias, al establecer un frente común que permita detectar y atender de manera temprana las conductas que derivan en acoso, discriminación o agresiones de género.
Implicaciones de la reforma
Con esta modificación, el Congreso capitalino busca sentar un precedente en la manera de abordar la violencia de género en el ámbito escolar. La estrategia no solo se limita a sancionar, sino que enfatiza la prevención y educación temprana como herramientas de cambio social.
Expertos en educación y derechos humanos consideran que este tipo de iniciativas son clave para generar entornos más seguros, ya que involucran a todos los actores de la comunidad educativa. Además, refuerzan la importancia de la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
La reforma aprobada por el Congreso de la CDMX representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en escuelas. Al fortalecer la participación de madres y padres de familia en conjunto con docentes y autoridades, se busca crear entornos de aprendizaje seguros y libres de agresiones.
Más allá de la modificación legal, la iniciativa refleja la urgencia de acciones coordinadas que reconozcan la magnitud del problema y apunten a su erradicación desde la educación. Con un enfoque que combina prevención, valores de respeto e inclusión, esta reforma es un paso firme hacia la construcción de una sociedad donde niñas, adolescentes y mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia.


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