El pasado sábado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sorprendió a propios y extraños al respaldar públicamente la figura de prisión preventiva oficiosa, un mecanismo ampliamente criticado por organismos internacionales. Más que un comunicado, el pronunciamiento deja entrever el preocupante papel que esta institución juega en la regresión autoritaria que vive México.
La prisión preventiva oficiosa: Una herramienta controvertida
La prisión preventiva oficiosa permite encarcelar automáticamente a una persona acusada de ciertos delitos sin necesidad de justificar caso por caso. El artículo 19 de la Constitución mexicana establece esta medida para una lista de delitos que incluye delincuencia organizada, extorsión, robo y otros.
A diferencia de otros países donde la prisión preventiva es un recurso excepcional, en México se ha convertido en regla, ignorando los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH):
- Necesidad específica: Probar que el encarcelamiento es esencial para evitar riesgos.
- Medidas menos restrictivas: Demostrar que no hay alternativas viables.
- Proporcionalidad: Garantizar que los derechos del acusado no sean violados de manera desmedida.
Un respaldo alarmante: La postura de la CNDH
En lugar de condenar esta reforma como una violación flagrante a los derechos humanos, la CNDH celebró su implementación. En su comunicado, describió la reforma como una “fórmula que apoya la estrategia de seguridad” y aseguró, sin pruebas, que “considera el respeto a los derechos humanos”.
El nivel de distorsión es preocupante. No solo respalda la prisión preventiva automática, sino que también descalifica a quienes critican esta figura, acusándolos de actuar por intereses externos que atentan contra la soberanía nacional.
De defensora a aliada del poder
La CNDH fue creada para ser un contrapeso frente a los abusos del poder. Sin embargo, hoy parece más un aliado del autoritarismo que un defensor de derechos fundamentales. Su respaldo a medidas que normalizan la violación de libertades refleja cómo las instituciones diseñadas para garantizar el estado de derecho han sido cooptadas.
El costo humano de la prisión preventiva
Según datos de organismos independientes, más del 40% de las personas en prisión en México no han sido condenadas, lo que significa que miles de inocentes permanecen privados de su libertad bajo la presunción de culpabilidad. La prisión preventiva no solo viola el debido proceso, sino que perpetúa un sistema donde la justicia es inalcanzable para los más vulnerables.
Un futuro incierto para las instituciones
Lo que ha ocurrido con la CNDH es un reflejo de lo que podría suceder con otras instituciones clave, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Poder Judicial. La captura de estas entidades pone en peligro la democracia y los derechos fundamentales en México.
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