La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras que la empresa CRIO realizaba en el sitio arqueológico de Tzemé, en el municipio maya de Kinchil, tras denuncias por daños al patrimonio histórico y ambiental.
Los trabajos, iniciados en octubre, continuaron pese a una orden previa de suspensión emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que intervino con más de diez días de retraso. Con esta clausura, cualquier intento de reanudar las obras podría implicar un delito federal.
Tras la clausura, integrantes del Consejo Comunitario de Kinchil expresaron su indignación por la devastación del sitio y de la selva circundante, hábitat de especies en peligro de extinción.
“Es un primer paso en nuestra lucha por proteger el patrimonio histórico y natural de la comunidad”, declaró Federico May, miembro del consejo.
Añadió que en los terrenos aún se hallan restos de vasijas prehispánicas y fragmentos arqueológicos, prueba del daño causado por la empresa.
Otros pobladores afectados también denunciaron pérdidas materiales. Félix Canul, cuyo rancho se ubica en la zona, relató que la compañía derribó cercas, provocando la dispersión de su ganado, mientras el cerro Kolotsó, considerado sagrado por generaciones, fue destruido. Señaló además que el nivel freático del área es bajo, por lo que la construcción de granjas podría provocar una grave contaminación del agua subterránea.
Por su parte, la apicultora Gregoria del Rosario lamentó que la deforestación haya afectado directamente la producción de miel y la flora local.
“El monte fue arrasado, desapareció el orégano con el que trabajábamos. Mientras el gobierno habla de un ‘Renacimiento Maya’, los verdaderos mayas no recibimos apoyo ni justicia”, expresó.
El director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky, criticó la incongruencia del INAH, que el mismo día que firmó un convenio con el gobierno estatal para proteger el patrimonio arqueológico, permitió que continuaran los trabajos en Tzemé.
Oceransky anunció que, junto con el Consejo Comunitario y los productores locales, se emprenderán acciones legales contra CRIO y las autoridades que no actuaron a tiempo. “Buscamos que se sancione a los responsables y se restaure la selva y el patrimonio de Tzemé. No se puede permitir que intereses económicos destruyan la memoria y la vida de una comunidad entera”, concluyó.
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