Un llamado al interés nacional desde el CIDE
El Dr. José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicó una carta que avivó el debate sobre la influencia extranjera en la educación mexicana. En ella, calificó como «vergonzosas y discriminatorias» las declaraciones de Carlos Santiago Bazdresch Barquet, representante del Banco de México en el Consejo Directivo del CIDE, quien criticó la contratación de académicos formados en instituciones nacionales, mostrando una preferencia explícita por las extranjeras.
Esta postura, según Romero Tellaeche, refleja un elitismo obsoleto ligado al periodo en que el CIDE operaba como un think tank neoliberal. Bajo su dirección, el centro busca romper con este paradigma para fortalecer una educación alineada con los valores y las necesidades del país, en oposición al neoliberalismo económico y al neoconstitucionalismo jurídico.
El rol de las instituciones educativas en la soberanía nacional
Romero Tellaeche subrayó que las instituciones educativas, autónomas o no, deben priorizar el interés nacional que representan. Para él, desestimar el talento formado en México perpetúa una narrativa de inferioridad que refuerza el racismo y el clasismo en el ámbito académico.
En redes sociales, donde recibió críticas por su «nacionalismo anticuado«, Romero defendió su postura, argumentando que muchos ignoran cómo las instituciones educativas funcionan como herramientas de poder blando (soft power). Este poder, según explicó, es utilizado por potencias extranjeras para influir en las políticas de países subordinados, moldeando líderes alineados con sus intereses.
La historia y la geopolítica de la influencia educativa
El director del CIDE respaldó su postura con referencias históricas. Una de ellas es la carta de Robert Lansing, exsecretario de Estado de EUA, a William Randolph Hearst. En ella, Lansing sugiere que, en lugar de imponer un gobierno por la fuerza, Estados Unidos debía atraer a jóvenes mexicanos a sus universidades para inculcarles valores alineados con sus intereses, asegurando su dominio político e ideológico de manera más eficaz.
Esta estrategia, vigente hasta hoy, demuestra que la formación educativa puede ser tanto una herramienta de desarrollo como un mecanismo de subordinación.
Colaboración internacional sin perder el rumbo nacional
Romero Tellaeche aclaró que su rechazo a la indebida influencia extranjera no significa cerrar puertas al aprendizaje en instituciones internacionales. Destacó la importancia de que los jóvenes mexicanos complementen su formación en el extranjero, pero enfatizó que deben mantener una perspectiva crítica que priorice el interés nacional.
Un ejemplo destacado es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien realizó estudios en la Universidad de Berkeley sin abandonar sus convicciones ideológicas de izquierda. Su trayectoria demuestra que es posible adquirir conocimientos internacionales sin comprometer los valores propios.
¿Un elitismo académico en declive?
La preferencia por instituciones extranjeras ha sido históricamente vista como un sello de prestigio. Sin embargo, Romero Tellaeche plantea que este criterio refuerza desigualdades estructurales al desestimar las capacidades de los académicos nacionales.
El caso del CIDE, como institución pública, subraya la necesidad de equilibrar la colaboración internacional con el fortalecimiento de la educación mexicana. Este balance es esencial para evitar que las instituciones del Estado perpetúen narrativas que favorezcan intereses externos.
Hacia una nueva visión de la educación mexicana
El debate suscitado en el CIDE no es aislado, sino parte de una discusión más amplia sobre el papel de las universidades en la soberanía nacional. Romero Tellaeche invita a reflexionar sobre cómo las políticas educativas pueden servir tanto como herramientas de emancipación como de subordinación.
A medida que México enfrenta desafíos globales y redefine su identidad política, fortalecer la educación nacional y promover la colaboración crítica con instituciones extranjeras será clave para asegurar un desarrollo sostenible y soberano.
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