Terrorismo en México: una realidad que las leyes no pueden ignorar
El artículo 139 del Código Penal Federal mexicano define el terrorismo como cualquier acto violento que busque generar miedo, alarma o terror en la población con el objetivo de presionar a las autoridades o a particulares. Bajo esta definición, los cárteles mexicanos claramente encajan:
- Usan explosivos, armas de fuego y drones: Han incendiado vehículos, bloqueado carreteras y bombardeado objetivos con drones, causando muerte y destrucción.
- Generan miedo para presionar: A través de extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas, buscan influir en autoridades, empresarios y ciudadanos.
- Controlan territorios completos: Gobernando municipios, imponen su ley con una brutalidad que aterroriza a la población.
Los hechos son innegables: lo que hacen los cárteles cumple con la definición de terrorismo en las propias leyes mexicanas.
La creciente violencia: ¿terrorismo en acción?
Los cárteles han llevado la violencia a niveles alarmantes, incluso en zonas urbanas. Casos como el atentado contra Omar García Harfuch en plena Ciudad de México y los bloqueos masivos en carreteras muestran que su objetivo no es solo el crimen organizado, sino el control social a través del miedo.
Además, su uso de drones para bombardear posiciones de seguridad y sus ataques indiscriminados en comunidades enteras confirman un comportamiento que trasciende el narcotráfico. Esto ya no es solo crimen organizado: es terrorismo.
El trasfondo político: narcopolítica y narcodemocracia
Un argumento común contra clasificar a los cárteles como terroristas es que no tienen reivindicaciones políticas o religiosas. Sin embargo, su presencia y control en decenas de municipios los convierte en una fuerza política de facto.
- Gobiernos paralelos: Los cárteles imponen líderes locales y controlan presupuestos municipales.
- Narcocultura y narcopolítica: A través del dinero y el miedo, convierten sus territorios en enclaves donde se practica una “narcodemocracia”.
La orden ejecutiva de Trump: ¿una oportunidad para México?
El reciente decreto del presidente Donald Trump que designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha generado controversia en México. Algunos argumentan que esta designación pone en riesgo la soberanía nacional, mientras otros la ven como una oportunidad para combatirlos con apoyo internacional.
- Colaboración internacional: España, Italia, Francia y otros países han combatido con éxito grupos terroristas en el pasado. México podría coordinarse con estas naciones para aplicar estrategias efectivas contra los cárteles.
- El dilema soberanista: Aferrarse a una narrativa nacionalista podría limitar la capacidad de respuesta ante un problema que ya tiene implicaciones globales.
México ante la encrucijada: ¿negación o acción?
México no puede seguir ignorando la realidad. Los cárteles son grupos criminales multinacionales con estrategias de control social y político que cumplen con los criterios legales de terrorismo.
- Reforma en la estrategia de seguridad: El gobierno debe tratar a los cárteles como lo que son: terroristas. Esto implica medidas legales más contundentes y mayor coordinación internacional.
- Fortalecimiento del Estado: Es urgente recuperar los territorios controlados por el crimen organizado mediante una estrategia integral que incluya desarrollo social, fortalecimiento de las instituciones y aplicación de la ley.
- Evitar la negación: Minimizar la gravedad del problema solo dará más tiempo y espacio a los cárteles para expandir su influencia.
Entre la negación y la demagogia
La narcopolítica y el narcoterrorismo no son conceptos abstractos, son una realidad que afecta diariamente a México. Es momento de dejar de discutir obviedades y actuar con decisión. Los cárteles son terroristas según nuestras propias leyes, y no enfrentarlos como tal es una forma de rendirse ante ellos.
El costo de la inacción será más alto con el tiempo. Si no actuamos ahora, México corre el riesgo de enfrentarse no solo a la violencia del narcotráfico, sino también a una crisis social y sanitaria como la que Estados Unidos vive con el fentanilo.
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