La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Josué Raúl “N” en Yucatán, señalado por su presunta participación en la producción y comercialización de material de abuso sexual infantil, como parte de una investigación coordinada con autoridades internacionales.
El caso tuvo origen en noviembre pasado, tras una denuncia presentada por la oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica de la Embajada de Australia en la Ciudad de México.
La alerta derivó de indagatorias realizadas por la Policía de Queensland, que identificó contenido pornográfico infantil presuntamente generado en territorio yucateco y difundido desde julio de 2023.
A partir de esta información, autoridades mexicanas y australianas trabajaron de manera conjunta, lo que permitió detectar que el imputado presuntamente distribuía este tipo de material a través de plataformas digitales, facilitando su identificación y localización.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría operado durante aproximadamente una década mediante redes sociales, con las que contactaba a niñas, niños y adolescentes, a quienes presuntamente inducía a participar en actos de carácter sexual que eran videograbados y posteriormente comercializados.
Con base en los datos de prueba, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo una orden de aprehensión, que fue cumplimentada en un domicilio de la colonia Mulchechén, en el municipio de Kanasín, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina.
Durante el operativo fueron asegurados diversos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, tabletas, tarjetas SIM y memorias de almacenamiento, así como el inmueble donde presuntamente se realizaban las actividades ilícitas. El detenido fue presentado ante un juez de control, quien le dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de trata de personas agravado.
En México, la venta y distribución de material de abuso sexual infantil es considerada un delito grave, con penas que van de 15 a 30 años de prisión, además de sanciones económicas. Estas pueden incrementarse si existe lucro, uso de medios digitales o captación de menores, y también contemplan el aseguramiento de bienes, sin posibilidad de libertad bajo fianza.
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