La preocupación por los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos volvió a encenderse tras el endurecimiento de redadas y deportaciones masivas. En la Gaceta Parlamentaria, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión publicó un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que refuerce los mecanismos de protección consular.
El llamado fue impulsado por el senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien advirtió que las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense “han encendido las alarmas entre comunidades migrantes y organismos de derechos humanos”.
El temor de la comunidad migrante en Estados Unidos
Las redadas migratorias, especialmente en ciudades con alta densidad de población mexicana como Los Ángeles, California, han incrementado el miedo en las comunidades. El riesgo no solo implica detenciones arbitrarias, sino también la separación de familias, incluyendo a niñas y niños nacidos en territorio estadounidense.
Castañeda alertó que los operativos “no responden a una política racional ni humanitaria”, sino que criminalizan de manera indiscriminada a los migrantes y vulneran principios del derecho internacional y el debido proceso.
La red consular, clave en la defensa de derechos
El legislador destacó la importancia de la red de 51 consulados mexicanos en Estados Unidos, considerados como la primera línea de defensa de los connacionales. Según señaló, estos espacios deben garantizar asesoría legal, acompañamiento y protección frente a un contexto de creciente hostilidad hacia la comunidad migrante.
La Comisión Permanente subrayó que este exhorto busca fortalecer la dignidad e integridad de los mexicanos en el extranjero, sin importar su estatus migratorio.
Una política con rostro humano, la demanda central
El llamado del Congreso busca que México mantenga una postura firme en defensa de sus connacionales. En este contexto, se exige que la SRE refuerce su presencia y amplíe los recursos destinados a la defensa consular.
“Las redadas masivas, más que atender una necesidad de seguridad, representan un retroceso en el respeto a los derechos humanos”, puntualizó Castañeda.


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