El gobierno federal ha dejado en manos de la ciencia una de las decisiones más controvertidas de los últimos años: la posibilidad de explotar gas no convencional mediante fracturación hidráulica, conocida como “fracking”, caracterizada por su alto nivel de contaminación ambiental.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles a los integrantes de este comité, en el que destacan investigadores, académicos y especialistas de alto nivel. Ellos deben responder si es viable o no esta técnica en México, en qué regiones podría aplicarse y bajo qué condiciones. La instrucción es que en un plazo inicial de dos meses se entregue una primera orientación técnica que permita avanzar en la discusión.
“No es una decisión política aislada, sino una decisión informada”, planteó la mandataria, al subrayar que el análisis deberá considerar tanto los beneficios como los riesgos.
El peso de la soberanía energética
Detrás de esta revisión está un dato que ha cobrado relevancia en los últimos años: México depende en un 75% del gas natural importado, principalmente de Estados Unidos, particularmente de Texas, a 100 metros de la frontera. Una buena parte de ese gas es, justamente, no convencional que se extrae mediante “fracking”.
Este contexto ha llevado al gobierno a replantear su postura. Durante años, la propia presidenta se manifestó en contra del “fracking” por sus impactos ambientales, especialmente en el agua. Sin embargo, hoy reconoce que existen avances tecnológicos que podrían reducir esos efectos.
El enfoque, según explicó, no es impulsar la técnica a cualquier costo, sino explorar si es posible hacerlo con menores impactos y bajo estrictas condiciones ambientales y sociales.
Un equipo multidisciplinario
La coordinación del nuevo comité recae en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez. La funcionaria destacó que la complejidad del tema exige una visión integral.
“No se puede analizar desde una sola disciplina”, explicó. “Se requieren expertos en geología, en perforación, en tratamiento de agua, en cambio climático y en impactos ambientales”.
Entre los participantes se encuentran especialistas en hidrogeología, ingeniería ambiental, nanotecnología, geociencias y recuperación de hidrocarburos. También hay perfiles enfocados en el manejo del agua, considerado el eje central del debate.
En este grupo convergen instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, así como centros de investigación como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
La presencia de estas instituciones busca garantizar rigor científico y generar confianza en una discusión que históricamente ha estado marcada por la desconfianza social.
El agua, al centro del debate
Uno de los puntos más sensibles es el uso del agua. La fracturación hidráulica requiere grandes volúmenes de este recurso y puede implicar riesgos de contaminación si no se maneja adecuadamente. Por ello, los especialistas en hidrogeología y tratamiento de aguas tendrán un papel determinante. La propuesta es analizar tecnologías que permitan el reúso del agua en circuitos cerrados y el uso de químicos biodegradables, con el fin de reducir el impacto en acuíferos y cuencas.
“El objetivo es no comprometer la seguridad hídrica ni los ecosistemas”, señaló Ruiz.
Tecnología y nuevas posibilidades
Otro de los argumentos que ha motivado la revisión es el avance tecnológico. De acuerdo con el gobierno, hoy existen métodos más eficientes y menos contaminantes que los utilizados en el pasado. Entre ellos se encuentran técnicas de inyección con menores volúmenes de químicos, el reciclaje del agua utilizada y modelos de simulación que permiten reducir riesgos en la perforación.
La presidenta Sheinbaum insistió en que ninguna actividad humana está exenta de impactos, pero subrayó que el reto es minimizar y mitigar esos efectos.
ACADEMIA PIDE RESPONSABILIDAD
Los rectores de las principales universidades públicas del país coincidieron en la necesidad de abordar el tema con responsabilidad, sin prejuicios y con base en evidencia.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, planteó que el análisis debe considerar tanto los costos como los beneficios. Entre los primeros, destacó los impactos ambientales y sociales; entre los segundos, la posibilidad de fortalecer la soberanía energética.
Recordó que en décadas pasadas se pensaba que no era necesario producir gas si podía comprarse en el extranjero, pero los conflictos internacionales han demostrado la fragilidad de esa estrategia.
El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pacheco López, subrayó que el gas debe entenderse como un combustible de transición hacia energías más limpias y coincidió en que la dependencia del gas importado representa una vulnerabilidad para el país, pero insistió en que cualquier explotación debe realizarse con altos estándares de sustentabilidad y una adecuada gestión de riesgos.
Además, destacó la importancia de la innovación tecnológica, como proyectos de biocombustibles y economía circular, que pueden complementar la transición energética.
Por su parte, el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, señaló que la participación del Politécnico se centrará en dos ejes fundamentales: la evaluación técnica y la protección ambiental.
El IPN aportará experiencia en ingeniería de hidrocarburos, diseño de pozos y perforación, así como en el manejo integral del agua y el monitoreo ambiental.
“El prestigio no solo se construye con técnica, sino con una visión de sustentabilidad”, afirmó.
Aunque cada institución destacó sus fortalezas, hay coincidencias claras entre los tres rectores. Primero, la necesidad de evaluar el “fracking” con base en evidencia científica. Segundo, la importancia de considerar los impactos ambientales y sociales. Y tercero, el reconocimiento de que la soberanía energética es un objetivo estratégico para el país.
También comparten la idea de que la academia debe jugar un papel activo en la toma de decisiones públicas, aportando conocimiento y transparencia.
CONSULTA SOCIAL, CONDICIÓN INDISPENSABLE
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que cualquier decisión deberá incluir a las comunidades y subrayó que no se llevará a cabo ningún proyecto sin el consentimiento social.
El proceso, explicó, implicaría informar a las poblaciones sobre los posibles impactos y beneficios, así como incorporar sus opiniones en la decisión final.
Este enfoque busca evitar conflictos como los ocurridos en otros proyectos energéticos, donde la falta de consulta generó rechazo social.
“Tengo un artículo que habla sobre una investigación de cómo la energía eólica en el istmo de Tehuantepec se hizo en contra de las comunidades y generó mucho rechazo por la manera en que se hizo”, recordó.
Uno de los aspectos más relevantes es el cambio de postura de la presidenta Sheinbaum. Durante años, y desde su punto de vista de científica ambiental, fue una de las voces críticas del “fracking”, especialmente por sus efectos en el agua y el medio ambiente.
Hoy, sin abandonar esas preocupaciones, plantea la necesidad de revisar el tema a la luz de nuevas condiciones: la dependencia energética, los avances tecnológicos y la urgencia de tomar decisiones informadas con el apoyo de este grupo de científicos y académicos.
La intención es construir una evaluación lo más completa posible, que permita tomar una decisión con respaldo científico y legitimidad social.
¿QUIÉNES CONFORMAN EL COMITÉ?
• Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, del gobierno de México.
• Dr. Carlos Herralde Monreal, experto en temas energéticos y yacimientos no convencionales. Actualmente reside en Canadá y fungirá como asesor del comité.
• Dr. Manuel Martínez Morales. Es ingeniero geólogo, maestro en aguas subterráneas por la Universidad de Arizona y doctor en Hidráulica en la facultad de ingeniería de la UNAM. Es un experto en exploración y explotación de aguas subterráneas.
• Dr. Jesús Humberto Ramos Toledano. Es ingeniero químico industrial con maestría en Ingeniería Ambiental y doctorado en Tecnología Avanzada. Profesor activo de la Academia de Ingeniería Ambiental y Operaciones Unitarias del ESIQIE. Su área de especialización es tratamiento de aguas impactadas con hidrocarburo.
• Dr. Samuel Alejandro Lozano Morales. Es ingeniero químico con maestría y doctorado en Tecnología Avanzada, con especialidad en nanotecnologías, síntesis aplicada y aplicación de nanomateriales.
• Dra. Blanca Jiménez. Es embajadora en Francia y una gran experta que ha dedicado su vida al estudio de temas de agua.
• Dr. Carlos Aguilar Madera. Es director de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su especialidad incluye los fenómenos de transporte en sistema multifásico y recuperación mejorada de hidrocarburos.
• Dr. Erick Emmanuel Luna. Es físico e ingeniero investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, especialista en la recuperación mejorada de hidrocarburos, inyección de gases como nitrógeno y CO2 y el modelado numérico de medios porosos naturalmente fracturados.
• Mtra. Rosa María Hernández Medel. Es jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera en el Politécnico de Ticomán. Experta en el diseño de fluidos de control, cementos y fractura.
• Dra. Elena Centeno García. Es ingeniera geóloga del Instituto de Geología de la UNAM. Su investigación se centra en tectónica y sedimentación, con aportes clave para entender la evolución geológica del Occidente de México.
• Mtro. José Alberto Morquecho Robles. Es ingeniero petrolero con especialidad en geomecánica por el IPN.
• Dr. Fernando Camacho Ortegón. Es de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es doctor en Geociencias. Su trabajo se centra en la geología minera, en la minería y metalurgia, con un enfoque particular en la caracterización de depósitos, minerales y procesos de extracción.
• Mtra. Patricia Herrera Ascencio. Es internacionalista experta en temas de aguas. Actualmente dirige el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de la Semarnat (IMTA).
TE PODRÍA INTERESAR