Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, miles de trabajadores federales vieron recortes en empleos y agencias. Sin embargo, hubo una industria que celebró: la detención de migrantes en cárceles privadas.
Las acciones de CoreCivic y Geo Group, dos gigantes del sector, se dispararon apenas confirmada la victoria electoral. En solo una semana, CoreCivic casi duplicó su valor en bolsa. ¿El motivo? Trump había prometido fortalecer la política de detención masiva bajo el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
De donaciones a contratos millonarios
El éxito de estas empresas no es casualidad. Durante la campaña electoral, ejecutivos y subsidiarias de CoreCivic y Geo Group donaron 2.7 millones de dólares a Trump y a comités aliados. La inversión rindió frutos rápidamente: contratos multimillonarios con el ICE y la reapertura de centros de detención clausurados durante la era Biden.
Solo en 2025, Geo Group recibió 353.5 millones de dólares en contratos federales, mientras que CoreCivic obtuvo 148 millones, además de múltiples acuerdos directos sin licitación alegando “emergencia nacional”.
La cara humana del negocio
En Baldwin, Míchigan, la comunidad local vivió un ejemplo cercano de este fenómeno. La antigua prisión de North Lake reabrió como centro migratorio administrado por Geo Group. Aunque los residentes protestaron, la instalación abrió sus puertas en junio con 1.800 camas y 70 millones de dólares en ingresos anuales.
Para familias locales como la de Marissa, una madre de tres hijos, la reapertura significó convivir con un centro de detención en su propio vecindario. “Dicen que es negocio, pero para nosotros es miedo: no queremos que nuestra ciudad se convierta en una cárcel para migrantes”, comentó en una protesta frente al ayuntamiento.
El costo humano y político
Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), más del 86% de los migrantes detenidos en EE.UU. están en centros privados. Actualmente, más de 60.000 personas permanecen bajo custodia de ICE, un aumento del 54% respecto a la administración Biden.
Mientras tanto, una encuesta de The Independent reveló que solo 6% de los estadounidenses aprueban que estas cárceles sean privadas. La mayoría prefiere que estén bajo control federal o estatal.
El contraste es evidente: mientras hospitales y escuelas sufren recortes, el presupuesto de ICE supera al de muchos ejércitos en el mundo.
Expansión sin freno
Documentos filtrados por The Washington Post muestran que ICE planea duplicar su capacidad de detención a 107.000 camas para enero de 2026, con la apertura o ampliación de 125 instalaciones adicionales.
Esto asegura contratos anuales de más de mil millones de dólares entre CoreCivic y Geo Group. Cada nuevo centro se convierte en una máquina de ingresos para estas corporaciones, a costa de la separación de familias y comunidades enteras.
El trasfondo del “gran negocio”
Para los críticos, el modelo es claro: cuantos más migrantes detenidos, más ganancias para las prisiones privadas. Trump y sus aliados presentan la medida como “defensa de la soberanía”, pero detrás hay un sistema de incentivos financieros que convierte la migración en un negocio multimillonario.
Stacy Suh, directora de Detention Watch Network, lo resume sin rodeos: “Los incentivos financieros son la base del encarcelamiento. Cada persona detenida es un dólar más en sus cuentas”.
TE PODRÍA INTERESAR