La capital de Estados Unidos se prepara para un incremento sin precedentes de presencia militar y policial. La administración del presidente Donald Trump solicitó al estado de Virginia Occidental el envío de entre 300 y 400 efectivos adicionales de la Guardia Nacional, como parte de su campaña contra la criminalidad en la ciudad.
«Virginia Occidental se enorgullece de respaldar al presidente Trump en su esfuerzo por devolver el orgullo y la belleza a la capital de nuestra nación», declaró el gobernador Patrick Morrisey en un comunicado oficial.
Estas tropas se unirán a las 800 ya desplegadas en Washington D.C., incluyendo personal del FBI, DEA y ICE, aumentando el control sobre delitos violentos y posesión de armas, según la Casa Blanca.
Disputa legal con autoridades locales
El refuerzo militar ocurre en medio de tensiones con la administración local. Autoridades de Washington demandaron a la Casa Blanca por lo que califican como una «toma hostil» de la Policía, alegando que el gobierno federal excede su autoridad bajo la Ley de Autonomía que regula la autogestión del Distrito desde 1973.
Tras una audiencia federal, el gobierno de Trump reculó en su decisión de nombrar al director de la DEA, Terry Cole, como comisionado de emergencia de la Policía, aunque este seguirá supervisando operaciones de seguridad.
Declaración de emergencia de seguridad pública
El presidente Trump declaró la «Emergencia de Seguridad Pública» el pasado lunes, asegurando que las medidas buscan restaurar el orden en la ciudad. Según él, estas acciones son una respuesta a la supuesta «ola de delitos» en Washington D.C., aunque autoridades locales afirman que las tasas de crímenes violentos son las más bajas en décadas.
El despliegue incluye equipo esencial, entrenamiento especializado y coordinación con agencias federales, todo financiado con recursos federales, reforzando así la presencia de más de 1,100 agentes y tropas en la capital.
Implicaciones y reacciones
Este despliegue militar y policial ha generado críticas y apoyo por igual. Partidarios de Trump consideran que estas acciones mejorarán la seguridad y disuadirán la criminalidad, mientras que opositores advierten sobre un posible abuso de poder federal y la militarización de la ciudad.
Analistas políticos señalan que esta decisión forma parte de la estrategia de Trump de mostrar mano dura frente al crimen, en un momento crítico previo a futuras campañas electorales.
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