La administración Trump ha desatado una ofensiva migratoria de dos caras: por un lado, ordena la «mayor deportación masiva de la historia» centrada en ciudades demócratas como Los Ángeles y Chicago; por otro, instruye a ICE pausar las redadas en granjas y hoteles para no dañar la economía.
En una maniobra que analistas describen como la weaponización de la política migratoria, el presidente Donald Trump ha lanzado una estrategia dual que parece diseñada tanto para el castigo político como para la protección económica de sus aliados. La directiva es clara y contradictoria: una escalada sin precedentes de las deportaciones en los grandes centros urbanos gobernados por la oposición, y una tregua selectiva para sectores industriales clave que dependen de la mano de obra inmigrante.
El martillo: «La mayor deportación de la historia»
A través de sus canales de comunicación, el presidente Trump ha instruido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a ejecutar «el programa de deportación masiva más grande de la historia». El objetivo, según sus propias palabras, es claro: las «ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones y millones de extranjeros ilegales».
Esta orden representa una intensificación dramática de las operaciones de ICE, con metas que, según asesores de la Casa Blanca como Stephen Miller, apuntan a realizar al menos 3,000 arrestos diarios, un aumento exponencial en comparación con los meses anteriores. La medida se anuncia en un momento de máxima tensión, coincidiendo con las masivas protestas a nivel nacional bajo el lema «No Kings», que denuncian precisamente lo que consideran el autoritarismo de la administración.
El mensaje político es inequívoco: se busca ejercer máxima presión sobre los bastiones demócratas, creando una atmósfera de caos y confrontación que puede ser utilizada para culpar a los alcaldes y gobernadores de oposición por la «falta de control».
El escudo: Protección para industrias sensibles
Sin embargo, mientras el martillo cae sobre las ciudades, la misma administración ha extendido un escudo protector sobre sectores económicos vitales. Una directiva interna ha ordenado a ICE pausar las redadas y las investigaciones de cumplimiento laboral en industrias como la agricultura, la hostelería y los restaurantes.
¿La razón? El propio presidente reconoció la alarma expresada por estos sectores, que argumentan que una política migratoria demasiado agresiva les está «quitando trabajadores muy buenos y de mucho tiempo». Esta decisión revela una cruda realidad económica: estas industrias, a menudo ubicadas en estados con bases electorales importantes para el partido republicano, son altamente dependientes de la mano de obra indocumentada. Una ofensiva migratoria indiscriminada podría provocar un colapso en la cadena de suministro de alimentos o una crisis de personal en el sector turístico, generando un impacto económico negativo que la administración no está dispuesta a asumir.
«Es una deportación a la carta. Se aplica la ley con toda su fuerza donde genera rédito político y se mira para otro lado donde podría causar un perjuicio económico a grupos de interés. No es una política de seguridad nacional, es una herramienta de guerra política», señaló un abogado de inmigración.
Esta estrategia de doble rasero expone la compleja y a menudo cínica interacción entre la política, la economía y la inmigración en Estados Unidos. La ley se aplica de manera selectiva, no en función de principios universales, sino de un cálculo político que busca castigar a los adversarios mientras se protege a los aliados. El resultado es una política migratoria que no es ni coherente ni integral, sino un instrumento gerrymanderizado para servir a los intereses de la administración en el poder.
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