En una victoria monumental para los derechos civiles, un juez federal de Los Ángeles ha prohibido a los agentes de inmigración federales realizar detenciones basadas en el perfil racial, incluyendo factores como «parecer latino» o hablar español, en el sur de California.
Un tribunal federal ha emitido una orden judicial histórica que representa un alivio inmenso para las comunidades inmigrantes del sur de California, al prohibir explícitamente que los agentes federales de inmigración (ICE) utilicen la raza, la etnia o el idioma como base para detener a una persona. La decisión es una respuesta directa a una demanda que acusaba a las autoridades de llevar a cabo una campaña de redadas inconstitucionales y discriminatorias.
Orden Judicial Histórica: Se Acabaron las Detenciones por «Parecer Latino»
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió dos órdenes de restricción temporal (TRO) que imponen límites estrictos a las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza en la región. La primera y más significativa orden prohíbe a los agentes detener a individuos sin una sospecha razonable de que han violado la ley. Crucialmente, la orden especifica que los siguientes factores, ya sea solos o en combinación, no constituyen una sospecha razonable:
- La raza o etnia aparente de una persona.
- Hablar español o inglés con acento.
- Estar presente en un lugar determinado (como una parada de autobús, un lavado de autos o un sitio agrícola).
- El tipo de trabajo que realiza una persona, como la construcción.
La segunda orden obliga a las autoridades a garantizar el acceso a abogados para las personas detenidas, abordando las denuncias de que se les negaba la representación legal.
Las Prácticas Cuestionadas: ¿Cómo Operaban los Agentes Federales?
La demanda, presentada por la ACLU del Sur de California y una coalición de grupos de derechos civiles y de trabajadores, fue impulsada por semanas de intensas redadas en toda la región. Los demandantes presentaron pruebas de que los agentes federales, a menudo enmascarados y fuertemente armados, estaban deteniendo a personas basándose en su apariencia.
Los testimonios y reportes indicaban que los agentes se enfocaban en personas que «parecían hispanas» o que vestían ropa de trabajo de construcción. Un ejemplo citado fue una redada en un lavado de autos donde todos los trabajadores fueron detenidos, excepto dos que eran blancos.
«Nuestras Comunidades Pueden Volver a Respirar»: Voces de la Victoria
La reacción de los líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles fue de júbilo y alivio. La decisión fue aclamada como una reafirmación de que la Constitución se aplica a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o su apariencia.
«Nuestros vecinos no deberían tener que temer simplemente por existir en espacios públicos, ir a trabajar, tomar el autobús o dejar a sus hijos en la escuela. Con este fallo, los agentes federales están obligados por la ley, no por perfiles raciales o agendas políticas. El mensaje es claro: ser latino no es suficiente para detener a alguien. Nuestras comunidades pueden empezar a respirar de nuevo.» – Armando Gudino, Director Ejecutivo de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles.
Mark Rosenbaum, de Public Counsel, añadió: «El histórico fallo de hoy significa que el gobierno federal no puede cercenar la Constitución de Los Ángeles y las comunidades circundantes».
El Testimonio Clave: Las Historias que Impulsaron la Demanda
La demanda, conocida como Vasquez-Perdomo v. Noem, fue presentada en nombre de individuos directamente afectados por estas prácticas, como trabajadores arrestados mientras esperaban un empleo en Pasadena, y de organizaciones como la United Farm Workers y la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA). Sus historias humanizaron el impacto de las redadas y fueron fundamentales para demostrar el patrón de conducta inconstitucional.
Esta orden judicial establece un precedente crucial y podría cambiar fundamentalmente el cálculo de riesgo para los agentes de campo, no solo en California sino en todo el país, al crear una nueva herramienta legal para combatir el perfilamiento racial en la aplicación de las leyes de inmigración.
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