Los Ángeles amanece bajo una imagen de conflicto: vehículos militares y Marines armados en sus calles. La Casa Blanca ordenó un despliegue sin precedentes para apoyar una megaoperación de redadas de inmigración, provocando un choque frontal con el gobierno de California.
La tensión entre el gobierno federal y California alcanzó un punto de quiebre este martes. En una escalada dramática, el Presidente Donald Trump autorizó el despliegue de unidades de la Guardia Nacional y de los U.S. Marines en Los Ángeles para apoyar directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ejecución de redadas masivas, en el marco de la denominada «Operación Toma de Control de América».
La presencia de personal militar activo en funciones de apoyo a la ley migratoria en una de las ciudades más grandes del país ha generado conmoción y una crisis política inmediata.
Un choque de poderes sin precedentes
La decisión de la Casa Blanca fue respondida con furia por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó la medida como una «invasión federal» y un «abuso de poder peligroso».
«Seamos claros: esto no es una cuestión de seguridad nacional, es una táctica de intimidación política. El despliegue de Marines en nuestras calles para perseguir a familias es una traición a nuestros valores. No nos quedaremos de brazos cruzados», declaró Newsom en una conferencia de prensa de emergencia, anunciando que ha instruido al Fiscal General del estado a explorar todas las opciones legales para desafiar la orden federal.
Fuentes de la Casa Blanca defienden la medida como «absolutamente necesaria» para cumplir con las leyes de inmigración ante lo que describen como una «obstrucción sistemática» por parte de las autoridades de California y sus políticas de santuario.
El impacto en las calles: Miedo y protestas
La operación, que comenzó en las primeras horas de la madrugada, se ha centrado en barrios con alta población inmigrante en el Este de Los Ángeles y el Valle de San Fernando. El objetivo, según documentos federales, es detener a miles de individuos con órdenes de deportación pendientes.
La presencia militar ha provocado escenas de pánico y protestas espontáneas:
* Comunidades en Alerta: Activistas y grupos de derechos civiles han desplegado redes de «respuesta rápida» para alertar a los residentes sobre la presencia de agentes de ICE y militares, y para documentar posibles abusos.
* Enfrentamientos verbales: Se han reportado múltiples videos en redes sociales que muestran a ciudadanos confrontando verbalmente a los soldados y a los agentes de ICE.
* Declaraciones de la Alcaldesa: La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió un comunicado instando a la calma pero condenando la operación. «La militarización de nuestra ciudad solo genera miedo y desconfianza. Insto a la Casa Blanca a retirar a las tropas y a permitir que nuestra policía local maneje la seguridad pública».
La situación legal del despliegue es compleja. Aunque la Ley Posse Comitatus generalmente prohíbe el uso del ejército para tareas de aplicación de la ley civil doméstica, existen excepciones que la administración parece estar invocando, un punto que seguramente será el centro de la batalla legal que se avecina.
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