La controvertida instalación de detención de migrantes “Alligator Alcatraz”, ubicada en los pantanos de los Everglades, podría cerrar antes de Halloween tras una orden preliminar de una jueza federal que prohíbe enviar más personas al centro. La medida, derivada de una demanda presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, busca proteger las tierras indígenas y el ecosistema sensible de la zona.
Construido en tiempo récord, el centro estadounidense ha sido duramente criticado por las condiciones de detención: migrantes confinados en jaulas bajo calor extremo, infestaciones de insectos y escasa comida. Legisladores y representantes locales han denunciado las instalaciones como “inhumanas”, describiendo jaulas con hasta 32 personas y servicios sanitarios inadecuados.
La jueza federal Kathleen Williams ordenó que se suspendan nuevas detenciones y que se retiren dentro de 60 días la iluminación industrial, cercas y generadores instalados para la operación del centro. “El proyecto genera daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”, señaló en su fallo.
Plan B de Florida: el “Deportation Depot”
El gobernador Ron DeSantis respondió asegurando que el cierre de Alligator Alcatraz no detendrá sus planes: el estado prepara un nuevo centro de detención llamado “Deportation Depot”, con capacidad para 2,000 personas, ubicado cerca de Jacksonville. La instalación servirá como alternativa mientras se ajustan las operaciones de deportación y procesamiento de migrantes.
Mientras tanto, el fallo ha sido considerado una victoria por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien destacó la importancia de proteger tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. La instalación se encuentra cerca del Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y las tierras sagradas de la tribu Miccosukee, áreas de alto valor ecológico y cultural.
A pesar de las tensiones políticas, Alligator Alcatraz sigue operando temporalmente, pero con restricciones estrictas hasta que el tribunal emita una decisión definitiva. La situación ha abierto un debate nacional sobre la legalidad y ética de estas instalaciones de detención en Florida y en otros estados que siguen el modelo, como Indiana y Nebraska.
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