El pasado marzo, la vida de Sara Hernández, de 10 años, dio un giro dramático. Junto con sus cinco hermanos y sus padres, todos residentes en Texas, fue deportada a México mientras buscaba atención médica para el cáncer que padece. La decisión de las autoridades migratorias dejó a la menor sin el tratamiento especializado que necesitaba.
La defensa de los congresistas demócratas
Este jueves, congresistas demócratas exigieron a la Administración de Donald Trump que conceda un permiso humanitario para que Sara pueda regresar a EE. UU. Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, subrayó que “no estamos hablando de criminales, sino de familias trabajadoras que buscan sustento y salud para sus hijos”.
El rostro humano de la deportación
Rochelle Garza, presidenta de Texas Civil Rights Project, aseguró que Sara representa “el rostro de nuestra humanidad como nación”. Desde la deportación, la familia reside en una zona rural de México, donde la menor no ha podido acceder al tratamiento adecuado por los altos costos y la falta de ciudadanía mexicana.
Urgencia de un permiso humanitario
Legisladores como Joaquín Castro enfatizan la necesidad inmediata de un parole humanitario. “Han pasado cuatro meses, necesitamos urgentemente un permiso para traer a Sara de regreso a casa y que reciba la atención que necesita”, declaró. El caso evidencia la tensión entre las políticas migratorias de la Administración Trump y los derechos humanos fundamentales de los niños.
Implicaciones para la política migratoria
El caso de Sara Hernández pone de relieve la difícil situación de las familias migrantes en EE. UU., la complejidad de las decisiones de deportación y la necesidad de políticas más humanas que prioricen la salud y el bienestar de los menores.
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