Trump despliega la Guardia Nacional en L.A. contra la voluntad del gobernador, desatando una crisis constitucional sin precedentes. Conoce los detalles del caso.
Una batalla legal y constitucional de alto calibre se libra entre California y la Casa Blanca después de que el presidente Trump federalizara la Guardia Nacional para reprimir protestas por redadas de ICE en Los Ángeles, una medida que no se tomaba sin el consentimiento de un gobernador desde la era de los Derechos Civiles.
Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de una confrontación que va mucho más allá de las protestas callejeras. La decisión del presidente Donald Trump de desplegar miles de soldados de la Guardia Nacional en la ciudad para contener manifestaciones contra las redadas de inmigración ha desencadenado una crisis constitucional que pone a prueba los límites del poder presidencial y la soberanía de los estados.
El Origen del Conflicto: Protestas por Redadas de ICE Desatan la Tensión
El conflicto se encendió a principios de junio, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificaron sus operaciones en Los Ángeles como parte de la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas. Las redadas provocaron protestas a gran escala en toda la ciudad. Aunque muchas fueron pacíficas, algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden y actos de vandalismo llevaron a Trump a declarar la situación fuera de control.
Una Decisión Histórica: Trump Federaliza la Guardia Nacional sin el Permiso del Gobernador
En una medida extraordinaria, el presidente invocó la autoridad federal conocida como Título 10 para tomar el control de unos 4,000 miembros de la Guardia Nacional de California y desplegarlos en las calles de Los Ángeles, en contra de la voluntad expresa del gobernador Gavin Newsom.
Este acto es históricamente significativo. Es la primera vez que un presidente federaliza la guardia de un estado sin el consentimiento de su gobernador desde 1965, cuando se utilizaron tropas para proteger a los manifestantes por los derechos civiles en Alabama. La decisión fue calificada por Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como una «escalada caótica» y un «juego político» que usurpaba la autoridad local.
La Pelea en las Cortes: Newsom Demanda y la Justicia Vacila
El gobernador Newsom respondió con una demanda, argumentando que Trump había excedido su autoridad bajo la ley, que solo permite tal acción en casos de «rebelión o peligro de rebelión». Inicialmente, un juez federal de distrito, Charles Breyer, le dio la razón a California, emitiendo una orden de restricción temporal para detener el despliegue.
Sin embargo, la administración Trump apeló de inmediato, y un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió la orden del juez Breyer. El tribunal de apelaciones dictaminó que, si bien el presidente no tiene un poder ilimitado, la administración había presentado suficientes pruebas de violencia por parte de los manifestantes como para tener una «razón defendible» para la federalización.
«El Presidente no es un rey y no está por encima de la ley. Seguiremos adelante con nuestro desafío al uso autoritario por parte del presidente Trump de soldados militares estadounidenses contra los ciudadanos», declaró el gobernador Gavin Newsom tras el fallo de la corte de apelaciones.
El caso sigue en curso y su resultado final sentará un precedente crucial sobre el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados. La disputa legal determinará si el presidente puede desplegar unilateralmente tropas en ciudades estadounidenses en contra de los deseos de los líderes locales electos, una cuestión con profundas implicaciones para el futuro del federalismo en una nación políticamente polarizada.
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