Conflicto Federal-Estatal: 19 fiscales generales acusan al gobierno de Trump y al Secretario RFK Jr. de recortes ilegales que ponen en riesgo programas vitales
Una nueva batalla legal de alto perfil ha estallado en Estados Unidos, donde una coalición de 19 estados, liderada por Washington y Nueva York, ha demandado a la administración del presidente Donald Trump y al Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., acusándolos de desmantelar ilegalmente la agencia y poner en peligro la salud pública.
La demanda, presentada este 5 de mayo, argumenta que desde que asumió el cargo, la administración Trump y el Secretario Kennedy Jr. han llevado a cabo acciones que debilitan críticamente la capacidad del HHS para cumplir con sus funciones esenciales. Según los fiscales generales demandantes, estas acciones incluyen:
- Despidos Masivos: Miles de trabajadores federales de la salud han sido despedidos.
- Cierre de Programas: Programas vitales de vigilancia, prevención y tratamiento han sido cerrados o drásticamente reducidos.
- Abandono de Estados: Se acusa a la administración de dejar a los estados enfrentando crisis de salud sin el apoyo federal necesario.
Impactos Específicos Alegados en la Demanda:
- Mineros: Programas de vigilancia para la enfermedad del pulmón negro, requeridos por ley, fueron cerrados abruptamente.
- Enfermedades Infecciosas: Laboratorios clave de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), responsables de rastrear enfermedades como el sarampión, fueron cerrados.
- Salud Mental y Adicciones: Cientos de empleados de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) perdieron sus empleos, y todas las oficinas regionales de SAMHSA fueron cerradas.
- Salud Materno-Infantil: Se despidió a todo el equipo de salud materna de los CDC, y centros Head Start enfrentan posibles cierres.
- Héroes del 11-S: El Programa de Salud del World Trade Center (WTCHP) perdió médicos necesarios para certificar nuevos diagnósticos de cáncer, dejando a socorristas y sobrevivientes sin acceso a cuidados.
Argumento Legal y Contexto
Los fiscales generales sostienen que estas acciones violan cientos de estatutos y regulaciones federales, ignoran la separación de poderes y socavan las leyes y presupuestos aprobados por el Congreso para proteger la salud pública. Piden a la corte que detenga los despidos, revierta la reorganización y restaure los servicios de salud.
Esta demanda se suma a una acción legal previa de abril, donde 23 fiscales generales demandaron por recortes abruptos a fondos estatales de salud. En ese caso, un juez federal emitió una orden de restricción temporal (TRO) para restablecer parte de la financiación.
“Estas acciones son claramente ilegales y una falla moral. Más estadounidenses sufrirán enfermedades, lesiones y muerte sin estos programas de sentido común,”
— Nick Brown, Fiscal General de Washington.
Este conflicto legal refleja las profundas tensiones entre varios estados y la administración federal actual sobre la dirección y financiación de la salud pública, un tema central en el panorama político estadounidense. Otros frentes incluyen debates sobre la política energética, derechos reproductivos y la autoridad estatal en materia climática.
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