Una coalición de 20 estados y Washington, D.C. demandaron al gobierno del expresidente Donald Trump por condicionar cientos de millones de dólares destinados a víctimas de crímenes a la cooperación obligatoria con las autoridades federales de inmigración. La acción legal, presentada en Rhode Island, busca frenar una política que, según los fiscales, excede los límites constitucionales y afecta directamente a millones de personas que dependen de estos recursos.

La política bajo cuestionamiento

El Departamento de Justicia, siguiendo una directriz impulsada por la fiscal general Pam Bondi, estableció que los fondos federales de la Ley de Víctimas de Crímenes (VOCA) no podrán entregarse a los estados que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto implica que los estados deben:

• Permitir el acceso de agentes migratorios a sus instalaciones.
• Notificar de manera anticipada sobre la liberación de personas buscadas por su estatus migratorio.

Los demandantes argumentan que estas condiciones no están contempladas en la VOCA, la cual destina más de mil millones de dólares al año a programas que benefician a casi 10 millones de personas.

Reacciones estatales y locales

Los fiscales de estados como California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Rhode Island aseguraron que la medida constituye un castigo político contra las jurisdicciones que han optado por políticas de “ciudades santuario”.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, declaró que su ciudad no dará marcha atrás en sus principios pese a las presiones de la administración Trump:

“No daremos marcha atrás en lo que somos y lo que representamos”.

Mientras tanto, organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos han pedido a empresas como Home Depot que impidan la entrada de agentes de ICE sin una orden judicial, reforzando la tensión entre el sector privado y las autoridades federales.

La ofensiva antimigrante de Trump

La demanda se da en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias durante la administración Trump. Además de la condicionalidad de los fondos, el gobierno anunció que buscará rastrear ideologías “antiestadunidenses” en redes sociales de solicitantes de residencia o ciudadanía.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que ampliará la verificación de publicaciones en línea, argumentando que vivir y trabajar en Estados Unidos “es un privilegio, no un derecho”.

El muro fronterizo y nuevas medidas

A la par, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, reveló que el nuevo muro fronterizo será pintado de negro para absorber más calor y dificultar que sea escalado, siguiendo órdenes directas de Trump. Esta medida, según analistas, forma parte de un plan más amplio para consolidar la seguridad en la frontera sur.

La disputa legal entre los estados y la administración Trump representa un choque directo entre políticas migratorias federales y la autonomía estatal. Mientras el gobierno buscaba usar los fondos de víctimas como palanca para endurecer la cooperación migratoria, los estados argumentan que tal medida vulnera la separación de poderes y los derechos de millones de víctimas de crímenes.

El caso podría marcar un precedente clave en el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles en Estados Unidos.