Mientras en México ya se discute la llegada de una supercomputadora con potencia equivalente a 375,000 equipos convencionales, en Filipinas estalló un gran escándalo, luego que en el municipio de San Dionisio, la alcaldesa Sally A. López reveló que su antecesor autorizó la compra de un “paquete de servidores” que costó más de 3 millones de pesos.
El problema es que el lote incluía únicamente 16 computadoras básicas y un servidor, un precio que no coincide con ninguna lógica del mercado. López hizo pública la factura a través de Facebook.
En lugar de celebrar una modernización tecnológica, la publicación exhibió una adquisición que cuesta más de diez veces su valor real. La funcionaria explicó que ni siquiera se verificó que las máquinas funcionaran correctamente y que el pago se hizo en una sola exhibición, una decisión que aumentó aún más la sospecha de corrupción, incompetencia o posible fraude.
Computadoras comunes a precio de lujo en Filipinas
Aunque podría pensarse que la cifra millonaria respondía a la compra de equipos premium o de nueva generación, los detalles cuentan otra historia. De acuerdo con el medio especializado Tom’s Hardware, las computadoras adquiridas poseen procesadores Intel Core i7-11700, lanzados en 2021 y ya considerados anticuados. Cada unidad tiene 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y periféricos básicos, incluyendo monitores Fonudar y ratones y teclados de gama económica.
Con precios del mercado actual, estos componentes no representan ningún salto tecnológico. Monitores similares pueden costar alrededor de 1,500 pesos, mientras que los combos de teclado y ratón rondan los 110 pesos. La configuración completa, según estimaciones basadas en Newegg, tendría un costo aproximado de 14,000 pesos por equipo, lo que equivaldría a 227,000 pesos por las 16 computadoras, una cifra completamente alejada de los más de 3 millones pagados.
Sobrecosto del 1,300%
De acuerdo con el informe presentado por las autoridades locales de Filipinas, el gasto final estuvo 1,300% por encima del valor real. La publicación de la alcaldesa no solo destapó la compra inflada, sino que abrió un debate nacional sobre el manejo de los recursos públicos. La adquisición, presentada como una “modernización tecnológica”, dejó a la vista prácticas opacas y una posible estafa que hoy ya investiga la comunidad local.
El caso generó tanto ruido que incluso expertos y creadores de contenido tecnológico en Filipinas comenzaron a pronunciarse. Carlo Ople, director ejecutivo de Unbox, ofreció públicamente apoyo al municipio mediante un “paquete de asistencia tecnológica” para dotarlo de equipo funcional y realista. Su gesto fue aplaudido, mientras que la ciudadanía de Filipinas exige que se esclarezca qué ocurrió realmente con los recursos asignados.
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