La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó las facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para revisar expedientes y cancelar pensiones cuando existan irregularidades.
Aunque esto no significa que el IMSS eliminará pensiones de manera masiva, sí confirma que el Instituto puede suspender o revocar beneficios cuando detecte fraude, simulación laboral o incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley del Seguro Social. La medida forma parte de una estrategia de vigilancia más estricta que busca garantizar que los recursos destinados al pago de jubilaciones lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.
¿Qué dijo la Suprema Corte sobre las pensiones del IMSS?
La SCJN reconoció que el IMSS tiene facultades para revisar expedientes pensionarios incluso después de que el beneficio haya sido otorgado.
Si durante una auditoría o investigación se detecta que una pensión fue obtenida mediante información falsa, simulación de relaciones laborales o cualquier mecanismo contrario a la ley, el Instituto puede modificar, suspender o cancelar el pago. El objetivo, según informó, es proteger los recursos públicos y evitar que existan beneficios obtenidos de forma irregular.
4 tipos de pensionados que podrían perder su jubilación

Personas que simularon una relación laboral
Una de las principales revisiones son los trabajadores que presuntamente fueron registrados en empresas fantasma, cooperativas irregulares o esquemas creados únicamente para recuperar semanas de cotización y acceder a una pensión.
El IMSS puede investigar si realmente existió una relación laboral legítima o si se trató de una simulación para obtener el beneficio. Si se demuestra la irregularidad, la pensión podría cancelarse.
Pensionados por invalidez que volvieron a trabajar sin informar
Las pensiones por invalidez también se encuentran bajo vigilancia. Cuando una persona recibe este tipo de pensión debido a una incapacidad reconocida por el IMSS y posteriormente vuelve a desempeñar actividades laborales similares sin notificar al Instituto, puede iniciarse una revisión.
Dependiendo de los resultados, el beneficio podría suspenderse o cancelarse.
Casos de incompatibilidad entre pensiones
Otro grupo sujeto a revisión son quienes reciben simultáneamente beneficios que la legislación considera incompatibles. El IMSS analiza los expedientes para verificar que la combinación de pensiones cumpla con los límites permitidos por la ley.
Si se detecta una incompatibilidad, el Instituto puede corregir la situación y retirar alguno de los beneficios.
Trabajadores con salarios reportados de forma irregular
También se investigan los casos donde el salario registrado aumentó considerablemente durante los últimos meses previos a la jubilación sin una justificación clara. El objetivo es detectar posibles incrementos artificiales utilizados para elevar el monto de la pensión.
Cuando existen evidencias de manipulación salarial, el IMSS puede revisar el cálculo del beneficio e incluso cancelar la pensión si se comprueba una irregularidad grave.
¿Qué hacer si tu pensión es suspendida o cancelada?
Especialistas recomiendan actuar de inmediato si el IMSS notifica alguna observación o procedimiento de revisión. Entre las acciones que puedes realizar como pensionado se encuentran:
- Solicitar una copia completa de su expediente pensionario.
- Presentar documentación que acredite la legalidad de su historial laboral.
- Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación gratuita.
- Interponer recursos administrativos o juicios ante las autoridades competentes si considera que la decisión es incorrecta.
¿Todos los pensionados del IMSS están en riesgo?
No, la mayoría de los jubilados que obtuvieron su pensión cumpliendo con todos los requisitos legales no tienen motivo de preocupación. Las revisiones se enfocan principalmente en casos donde existen indicios de fraude, simulación laboral, incompatibilidad de beneficios o irregularidades en los registros salariales.
La propia SCJN ha señalado que el derecho a la seguridad social debe protegerse, pero también que las autoridades tienen la obligación de verificar que los recursos públicos se otorguen únicamente a quienes cumplen legítimamente con las condiciones establecidas por la ley.


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