Grupo Salinas, conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego, confirmó este miércoles que acudirá a instancias internacionales para defender sus intereses tras el conflicto fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La decisión se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara públicamente la existencia de un acuerdo fiscal previo entre el grupo y la autoridad tributaria mexicana.

Defensa legal internacional

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Grupo Salinas aseguró que continuará ejerciendo su derecho a la defensa, incluso mediante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que recurrirán si consideran que se vulneran sus derechos como contribuyentes.

“En Grupo Salinas seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señalaron los voceros de la compañía. Esta acción refleja la intención del grupo de llevar el caso más allá del ámbito nacional, buscando respaldo en organismos internacionales que puedan garantizar un juicio justo y conforme a derecho.

Acuerdo previo con administración anterior

Grupo Salinas aseguró que durante la administración anterior se alcanzó un acuerdo “resultado de decenas de conversaciones bajo principios de buena voluntad” que buscaba resolver la deuda fiscal correspondiente a los años 2008 a 2013. La empresa destacó que dicho acuerdo representaba una solución legal y que, en su cultura corporativa, la palabra y los compromisos de buena fe tienen un valor igual o superior a los documentos firmados:

“Somos una empresa que valora y respeta la palabra, por lo que habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”, puntualizó el comunicado.

Este planteamiento enfatiza la percepción del grupo sobre la legitimidad del acuerdo previo, que según ellos, contaba con la aprobación de representantes fiscales de la administración pasada y estaba en línea con las normas legales aplicables.

Posición del SAT y la presidencia

Contrario a la versión de Grupo Salinas, el ex subdirector del SAT, Arturo Medina, señaló que no existió un acuerdo formal con la compañía. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Medina declaró que “es falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación con los adeudos desde 2008 al 2013”.

El funcionario reconoció que sí se realizaron varias pláticas en mesas técnicas con representantes de Grupo Salinas, pero que nunca se acordó un monto específico ni la ruta de solución para saldar la deuda fiscal. Esta declaración refuerza la posición de la actual administración de que no existe un compromiso formal que condone o reestructure el pago pendiente.

Conflicto y repercusiones legales

La disputa entre Grupo Salinas y el SAT representa un conflicto fiscal de alto perfil en México, dado el tamaño del conglomerado y la trascendencia de la deuda reclamada. La intención de la compañía de acudir a instancias internacionales podría abrir un nuevo capítulo en materia de derechos corporativos y legales, estableciendo un precedente en la relación entre grandes empresas y autoridades fiscales.

Además, la polémica ha generado atención mediática y política, dado que involucra a la presidencia de la República y a un grupo empresarial con gran influencia en medios de comunicación, telecomunicaciones y comercio. La resolución del caso podría tener implicaciones tanto para la reputación de la empresa como para la percepción pública sobre la transparencia y equidad del sistema fiscal mexicano.

Próximos pasos

De acuerdo con los voceros de Grupo Salinas, la compañía seguirá explorando todas las vías legales disponibles, tanto nacionales como internacionales, para defender sus derechos y garantizar que la solución al conflicto fiscal se dé conforme a derecho. La compañía también mantiene abierta la posibilidad de continuar las mesas de diálogo con el SAT, siempre que se respeten los compromisos previos de buena fe que consideran haber establecido.

Por su parte, la autoridad fiscal ha reiterado que cualquier negociación deberá realizarse bajo las reglas y procedimientos vigentes, sin reconocer acuerdos previos que no estén documentados formalmente.

El enfrentamiento entre Grupo Salinas y el SAT por la deuda fiscal correspondiente a 2008-2013 marca un momento clave en la relación entre empresas de gran tamaño y la autoridad tributaria en México. La decisión del conglomerado de recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refleja la gravedad del conflicto y la intención de asegurar un juicio justo y conforme a derecho.

A medida que se desarrollen los próximos pasos legales, este caso podría sentar un precedente importante sobre la forma en que se interpretan y respetan los acuerdos de buena fe entre empresas y el Estado, así como la validez de compromisos verbales frente a documentos oficiales en disputas fiscales de alto perfil.

Con la atención de medios y analistas concentrada en el desenlace, tanto Grupo Salinas como el SAT se preparan para un proceso que promete ser decisivo para la fiscalización y la transparencia empresarial en México.