El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara una revisión a fondo de las deducciones fiscales utilizadas por empresas y personas físicas con actividad empresarial para detectar los mecanismos que presuntamente han permitido la evasión fiscal en muchos casos.
Para ello, el organismo lanzó una licitación con el expediente IA-06-E00-006E00002-N-41-2026, donde las universidades del país podrán particiár en la identificación de los principales esquemas de evasión, calcular el monto de los recursos que dejan de ingresar al erario y proponer medidas para cerrar los vacíos que permiten estas prácticas.
¿Qué busca el SAT con esta investigación?
La Administración General de Planeación del SAT solicitó un estudio que analice el comportamiento de las deducciones fiscales realizadas entre los ejercicios 2020 y 2025. La investigación deberá identificar los principales esquemas de evasión relacionados con las deducciones, estimar cuánto dinero dejaron de ingresar las arcas públicas y elaborar propuestas para reducir este tipo de conductas.
Además de revisar la evolución de las deducciones durante ese periodo, el proyecto contempla analizar la legislación vigente, comparar experiencias internacionales y desarrollar un modelo estadístico, econométrico o contable que permita medir el impacto real de la evasión fiscal. Antes de utilizarse, esa metodología deberá ser validada por el propio SAT.
La información obtenida podría servir como base para fortalecer futuras auditorías e incluso impulsar modificaciones regulatorias que dificulten el uso indebido de las deducciones fiscales.
Las deducciones no desaparecerán, pero podrían cambiar
Hasta ahora, el SAT no ha anunciado la eliminación de las deducciones autorizadas por la ley. Lo que busca es detectar aquellas operaciones que se utilizan para disminuir el pago del ISR de manera indebida.
Entre las prácticas que pretende combatir se encuentran las operaciones simuladas, el uso de facturas por servicios inexistentes o relacionados con actividades distintas a las registradas por el contribuyente y la alteración del valor de algunos gastos para incrementar artificialmente el monto deducible.
De acuerdo con el profesor de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Juvenal Lobato Díaz, uno de los mecanismos más comunes consiste en presentar comprobantes fiscales por servicios que realmente no corresponden con la actividad económica de quien los emite o incluso de empresas inexistentes.
Otra práctica detectada consiste en inflar el costo de determinados servicios con el propósito de aumentar las deducciones y disminuir el ISR que finalmente debe pagarse.
¿A quiénes podría afectar?
La investigación está enfocada principalmente en las personas morales, es decir, empresas, así como en las personas físicas con actividad empresarial y profesional que utilizan deducciones para calcular sus impuestos.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el primer trimestre del año la recaudación proveniente de estos contribuyentes alcanzó 1.73 billones de pesos, un incremento anual de 2.8%. Por su parte, el SAT reportó que al cierre de mayo estaban registrados alrededor de 1.89 millones de personas morales y 5.46 millones de personas físicas con actividad empresarial y profesional.
La licitación fue realizada bajo la modalidad de invitación restringida, aunque el SAT convocó a 23 instituciones de educación superior para participar en el proyecto.
Entre ellas se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El estudio será elaborado por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en economía, estadística, finanzas, contaduría, matemáticas y ciencia de datos.
¿Habrá nuevas reglas para las deducciones?
Por el momento no existe ningún cambio aprobado en la legislación fiscal ni nuevas restricciones para realizar deducciones autorizadas. La investigación servirá para medir el tamaño de la evasión relacionada con este mecanismo y generar propuestas que permitan combatirla.
Si a partir de los resultados se plantean modificaciones legales, estas deberán seguir el proceso legislativo correspondiente antes de entrar en vigor. Mientras tanto, las deducciones previstas en la ley continúan aplicándose conforme a las disposiciones fiscales vigentes.
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