En el momento de mayor polémica, la Comisión de Árbitros de la Liga MX decidió apagar los micrófonos del VAR. Su silencio no trae paz, sino que grita sospecha. Este es el juicio a una decisión que condena a la liga a la opacidad.
La confianza es la moneda más valiosa en el deporte profesional. Sin ella, el juego se convierte en un simple espectáculo, una pantomima cuyo resultado es, en el mejor de los casos, dudoso. La Comisión de Árbitros de la Liga MX, presidida por Juan Manuel Herrero, ha decidido prenderle fuego a esa moneda al tomar una de las decisiones más retrógradas y dañinas para la integridad de la competencia: dejar de publicar los audios de las conversaciones del VAR.
Este tribunal se constituye para juzgar este acto de oscurantismo. El cargo es obstrucción a la transparencia y fomento deliberado de la desconfianza en un momento en que el arbitraje mexicano está bajo un escrutinio sin precedentes.
El Cargo: Ocultar la Evidencia para «Proteger» al Árbitro
La decisión se tomó, según reportes, con un objetivo claro: «no exhibir a los silbantes». Esta justificación es, en sí misma, una confesión. Admite que los audios, en lugar de aclarar las decisiones y demostrar la competencia de los árbitros, estaban revelando errores, dudas y, en ocasiones, una alarmante falta de criterio. En lugar de usar la crítica como una herramienta para mejorar, la Comisión ha optado por la censura.
El momento de esta decisión es crucial. Se produce justo después de una serie de jugadas polémicas en la Liguilla del Clausura 2025, como el gol decisivo en la eliminatoria entre Tigres y Necaxa, donde la afición y la prensa exigían escuchar el audio del VAR para entender el criterio aplicado. La respuesta de la Comisión no fue la transparencia, fue el silencio. La última vez que se publicó un audio fue a principios de abril, tras la Jornada 14. Desde entonces, la opacidad es la nueva norma.
Análisis del Juez: Un Suicidio de Credibilidad
Esta decisión es un error estratégico catastrófico que ignora las tendencias globales y la psicología del aficionado moderno. En todo el mundo, la tecnología como el VAR se implementa no solo para reducir errores, sino para aumentar la transparencia y la justicia percibida. Publicar los audios, como se hace en otras ligas, es un ejercicio de rendición de cuentas. Es decirle al aficionado: «Puedes no estar de acuerdo, pero este fue nuestro proceso y nuestro razonamiento».
Al eliminar esta ventana, la Liga MX crea un vacío de información. Y la naturaleza humana, especialmente la de un aficionado apasionado que siente que su equipo ha sido perjudicado, aborrece el vacío. Ese vacío se llenará inevitablemente con lo peor: sospechas, teorías de conspiración y la certeza de que «algo se está ocultando». La Comisión no está protegiendo a sus árbitros; los está convirtiendo en villanos anónimos y sin rostro, sujetos a cualquier acusación sin posibilidad de defender su proceso.
Este no es solo un problema de relaciones públicas; es un problema de negocio. La integridad de la competencia es el activo más importante de la Liga MX. Una liga percibida como injusta, opaca o corrupta es un producto devaluado. Los patrocinadores y las cadenas de televisión, cada vez más sensibles a la percepción pública y a la «seguridad de marca», dudarán en asociarse con un producto que genera constante controversia por su falta de transparencia. A largo plazo, este silencio costará millones.
El Veredicto Final del Juez
Este tribunal declara a la Comisión de Árbitros de la Liga MX culpable de un acto de cobardía institucional. Han sacrificado la confianza del público y la integridad a largo plazo de la liga para evitar la incomodidad a corto plazo del escrutinio.
Su decisión de ocultar los audios del VAR es una sentencia de autoinculpación. En el tribunal del fútbol, el que calla no otorga; el que calla, confiesa que tiene algo que esconder.
La sentencia es una condena a la sospecha perpetua. Cada decisión polémica será ahora vista a través de un velo de desconfianza, dañando la reputación de los árbitros, frustrando a los aficionados y devaluando el producto que se supone deben proteger. El caso está cerrado.
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