La reforma judicial de México, una de las transformaciones más profundas del Estado en décadas, nació con una paradoja que define su polémico arranque: a pesar de que las encuestas muestran un amplio respaldo popular a la idea de elegir jueces, la primera elección para hacerlo registró una abstención masiva de casi el 90%, sembrando serias dudas sobre su legitimidad.
Es el gran dilema que hoy enfrenta el sistema político mexicano. Por un lado, un discurso gubernamental que celebra una victoria de la «democracia directa». Por otro, cifras contundentes que revelan una desconexión masiva entre la ciudadanía y el proceso. Este análisis desglosa los hechos, los argumentos y las cifras detrás de una reforma que cambiará para siempre el rostro de la justicia en México.
Los Argumentos: ¿Un Mandato para Limpiar la Justicia?
La defensa de la reforma, encabezada por el partido Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, se centra en un diagnóstico: el Poder Judicial está plagado de corrupción, nepotismo y sirve a intereses de élites. La solución propuesta es radical: que el pueblo elija directamente a los más de 1,600 jueces y magistrados federales, así como a los ministros de la Suprema Corte.
Este argumento resuena con una parte importante de la población. Una encuesta del Pew Research Center realizada antes de la elección reveló que el 66% de los mexicanos aprobaba la ley que obliga a la elección popular de jueces. Otra encuesta de Enkoll/El País encontró que el 65% creía que las elecciones aumentarían la «confianza y legitimidad» en la judicatura, y un 60% pensaba que ayudarían a reducir la impunidad, un problema grave en un país donde se estima que el 96% de los delitos quedan sin resolver.
«Los críticos sostienen que el proceso politizado permitirá al partido gobernante extender su dominio sobre el poder judicial, allanará el camino para que candidatos menos calificados obtengan cargos y abrirá la puerta a que el crimen organizado expanda su influencia sobre los tribunales.» – Análisis de críticos recopilado por Americas Society/Council of the Americas.
Las Cifras que Incomodan: Una Victoria con Sabor a Derrota
Si bien el apoyo a la idea era alto, la participación en la práctica fue mínima. Los datos preliminares del INE arrojan una participación de entre el 12.6% y el 13.3% del padrón electoral. Este número contrasta brutalmente con el 61% que votó en la elección presidencial de 2024, evidenciando un desinterés o rechazo masivo al proceso concreto.
Varios factores explican este fenómeno:
* Complejidad Abrumadora: Los votantes se enfrentaron a boletas con miles de candidatos (7,700 en total para 881 cargos federales y otros 1,800 locales) en su mayoría desconocidos. Una encuesta previa mostró que solo el 23% de los votantes estaba familiarizado con los candidatos.
* Falta de Información: Ante la ausencia de campañas informativas robustas y la prohibición de etiquetas partidistas, los ciudadanos carecían de herramientas para tomar una decisión informada, lo que probablemente incentivó la abstención.
* Voto Ideológico vs. Técnico: Aunque una encuesta de salida de El Financiero mostró que el 48% de los votantes basó su decisión en la experiencia judicial de los candidatos, la falta de información generalizada pudo haber hecho de esta una tarea casi imposible para la mayoría.
Las Alarmas Internacionales: ¿Un Poder Judicial Politizado?
La bajísima participación alimenta la principal crítica de organismos internacionales y expertos: que la reforma no empodera al ciudadano, sino al poder político. La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados y la DEA estadounidense han expresado su preocupación por el riesgo de que la independencia judicial se vea socavada.
El temor es que, con una participación tan baja, los resultados sean fácilmente influenciados por las maquinarias políticas y los grupos de interés mejor organizados, incluyendo al crimen organizado. Esto podría resultar en una judicatura leal al gobierno de turno o, peor aún, cooptada por fuerzas criminales, en lugar de ser un contrapeso independiente y técnico.
La Nueva Suprema Corte: Menos Jueces, Más Incertidumbre
La reforma también reconfigura la cúpula del poder judicial. La Suprema Corte se reduce de 11 a 9 ministros. Es revelador que de los 11 ministros en funciones, solo tres —Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas nominadas durante el sexenio de López Obrador— decidieron participar en la elección. La presidenta de la Corte, Norma Piña, una figura crítica del gobierno, optó por no contender, al igual que otros siete ministros, lo que anticipa un cambio drástico en la composición y el balance ideológico del máximo tribunal del país.
La reforma judicial ya es una realidad, pero su implementación nace bajo una sombra de duda. La brecha entre el apoyo teórico y la participación real plantea una pregunta fundamental sobre su legitimidad democrática y su capacidad para cumplir la promesa de una justicia más limpia y eficaz para todos los mexicanos.
TE PODRÍA INTERESAR