En un contexto de profunda crisis de seguridad, un creciente flujo migratorio y tensiones con los Estados Unidos, el gobierno de México avanza en un proyecto para reconfigurar el mapa de instituciones autónomas que han servido como contrapesos y garantes de los derechos de los ciudadanos. La reciente reforma, impulsada a toda velocidad por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, busca modificar el sistema de justicia y trasladar funciones clave de seguridad al Ejército, además de desaparecer varios órganos autónomos.
Estas acciones plantean serios retos a los derechos ciudadanos y, sobre todo, a la continuidad de la democracia mexicana. Sin embargo, este proyecto de centralización del poder revela una inquietante contradicción con el discurso histórico de la izquierda mexicana que, por décadas, abogó por la defensa de los derechos humanos y rechazó la militarización en temas de seguridad pública.
El desmantelamiento de instituciones autónomas: ¿qué organismos están en la mira?
En las próximas semanas, se espera la votación en el Congreso que podría terminar con la existencia de hasta siete organismos autónomos. Estos son:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Su desaparición significaría la pérdida de un pilar fundamental en el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Este órgano, encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, es el protector de los derechos de los consumidores ante posibles abusos de las empresas proveedoras de servicios.
- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE): Promueve la competencia económica, previene prácticas monopólicas y regula a empresas con participación dominante en diversos sectores.
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): Fundamental en la regulación de recursos energéticos y en la supervisión de actividades en el sector de hidrocarburos.
- Comisión Reguladora de Energía (CRE): Regula las industrias de energía eléctrica y gas, buscando equilibrio en los precios y en el acceso a estos recursos.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Evalúa las políticas públicas en el combate a la pobreza.
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU): Responsable de la mejora en la educación y en la implementación de programas que promuevan el desarrollo educativo.
Transparencia y telecomunicaciones: los ejemplos del INAI y el IFT
Los casos del INAI y el IFT ilustran cómo la desaparición de estos organismos afectará directamente a la ciudadanía. El INAI, creado como respuesta a una demanda social, ha sido el mecanismo a través del cual millones de mexicanos han podido ejercer su derecho a la información y proteger sus datos personales. En un país con altos índices de corrupción, el acceso a la transparencia es una herramienta clave para combatir el abuso y la opacidad en el ejercicio del poder.
Por otro lado, el IFT juega un papel importante al proteger a los consumidores de las grandes empresas de telecomunicaciones e internet, previniendo cobros injustificados y garantizando un trato justo para los usuarios. Eliminar el IFT dejaría a los ciudadanos indefensos, sin un órgano que vele por la calidad y justicia en los servicios de telecomunicaciones.
Consecuencias para la democracia y los derechos humanos
La desaparición de estos organismos no solo plantea un reto a los servicios que regulan, sino que erosiona la democracia y los derechos humanos en el país. La autonomía de estos organismos permite que las decisiones de gobierno no se concentren únicamente en el poder ejecutivo y que existan mecanismos de control sobre las decisiones políticas, evitando abusos. La centralización de funciones en una sola entidad amenaza con imponer un modelo de toma de decisiones opaco y vertical.
Además, la expansión de la prisión preventiva oficiosa es un tema preocupante. Esta medida, impulsada por el gobierno de Morena, va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, acercando a México a un modelo represivo que atenta contra el principio de presunción de inocencia. La prisión preventiva es una medida que, en lugar de resolver los problemas de seguridad, agrava la crisis de justicia al encarcelar preventivamente a personas sin pruebas concluyentes.
¿Qué implica esta concentración de poder?
La eliminación de los organismos autónomos responde a un plan de centralización en el que el poder presidencial tiene una influencia sin precedentes sobre las decisiones del país. En las últimas décadas, México avanzó hacia una democracia constitucional, caracterizada por contrapesos y organismos independientes que limitaban la discrecionalidad del poder presidencial. Con esta reforma, se instaura un sistema en el que la independencia y transparencia de las decisiones serán sustituidas por la voluntad del Ejecutivo y su partido en el Congreso.
Esta situación ha generado preocupación entre analistas y ciudadanos. Las reformas han sido promovidas en medio de una situación de emergencia por la violencia y la crisis de seguridad, y bajo el argumento de reducir costos y mejorar la eficiencia gubernamental. Sin embargo, esta centralización podría significar una mayor opacidad y menos rendición de cuentas en el gobierno.
El riesgo de una democracia sin contrapesos
La desmantelación de estos organismos plantea un futuro incierto para los ciudadanos. En el pasado, estos entes autónomos fueron creados en respuesta a demandas de la sociedad civil y fueron vistos como avances significativos hacia una democracia funcional y transparente. Al desaparecerlos, el país corre el riesgo de retroceder a un modelo centralizado y autoritario, en el que los ciudadanos tendrán menos herramientas para defenderse de los abusos de poder.
La concentración de funciones y decisiones en el poder ejecutivo podría acarrear más problemas de los que soluciona. Los derechos humanos y la justicia social, objetivos que la Cuarta Transformación asegura defender, dependen también de un sistema de control y transparencia que brinde confianza a los ciudadanos.
Un México con instituciones o sin ellas
El desmantelamiento de organismos autónomos en México es una decisión que dejará profundas consecuencias en la vida política, social y económica del país. Los organismos autónomos representan una protección contra los abusos de poder y son un medio a través del cual los ciudadanos pueden exigir rendición de cuentas y justicia.
Desaparecer estos contrapesos no resolverá los problemas de inseguridad ni mejorará la eficiencia gubernamental, pero sí pone en riesgo la estabilidad democrática de México. Para avanzar, es fundamental defender un modelo de gobierno con instituciones sólidas, autónomas y al servicio de los ciudadanos.
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