Vinculan a proceso a 31 personas detenidas durante el operativo de recuperación de la planta de la Cooperativa La Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo. A una semana de su captura, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó que un juez determinó su vinculación por los delitos de resistencia de particulares y pandilla, en el marco de un conflicto que se ha prolongado por más de cuatro años en torno al control de la cementera.

La audiencia de continuación se realizó el 19 de febrero, luego de una primera sesión celebrada el 14 del mismo mes. Con esta resolución, suman 33 las personas vinculadas a proceso por los hechos ocurridos el pasado 12 de febrero, cuando autoridades estatales y ministeriales intervinieron para asegurar el inmueble. Dos de los detenidos enfrentan cargos adicionales por portación ilegal de armas y narcomenudeo.

Caso Cruz Azul: Operativo en la planta de Tula y detenciones

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de la planta ubicada en Tula de Allende y fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades hidalguenses. La acción tuvo como objetivo restituir la posesión del inmueble, que durante más de cuatro años había permanecido bajo el control de un grupo de cooperativistas y pobladores vinculados a la comunidad de Jasso.

Durante la intervención fueron detenidas 33 personas, señaladas por oponerse a la diligencia ministerial. Según la información oficial, los ahora vinculados a proceso habrían participado en actos de resistencia colectiva al momento en que las autoridades intentaban asegurar la planta.

El juez de control determinó que los imputados deberán permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras se desarrollan las investigaciones complementarias. Para el grupo de 31 personas vinculadas el 19 de febrero, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de esta etapa procesal.

Vinculación a proceso: Delitos imputados y proceso legal en curso

La acusación principal contra las 31 personas es por los delitos de resistencia de particulares y pandilla, figuras contempladas en el Código Penal estatal. En el caso de dos de los detenidos, además de los delitos mencionados, se les imputan cargos por portación ilegal de armas y narcomenudeo, lo que agrava su situación jurídica.

Uno de los 31 vinculados recientemente también enfrenta una investigación adicional por presunta portación de arma. Será durante el periodo de investigación complementaria cuando el Ministerio Público recabe más pruebas para sustentar la acusación o, en su caso, redefinir la situación legal de los involucrados.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que el juez consideró que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal. Será en etapas posteriores cuando se determine la responsabilidad o inocencia de los acusados.

Conflicto interno en La Cruz Azul

El trasfondo del caso está relacionado con la disputa por el control de la Cooperativa La Cruz Azul, particularmente en la planta Hidalgo. Desde hace más de cuatro años, un grupo mantenía la posesión del inmueble y realizaba rondines periódicos para impedir que el grupo encabezado por Víctor Velázquez retomara el control de la cementera.

De acuerdo con los reportes, quienes resguardaban la planta habían establecido un sistema de alerta mediante el uso de cohetones para avisar a los pobladores de Jasso sobre la presencia de personas en las inmediaciones. Este mecanismo permitió frustrar en al menos cuatro ocasiones anteriores intentos de recuperación del inmueble.

La reciente intervención de las autoridades marcó un punto clave en este conflicto prolongado, al concretar el aseguramiento del predio y proceder legalmente contra quienes se encontraban en el lugar durante el operativo.

Impacto social y expectativa judicial

El caso ha generado atención en la región debido a la relevancia económica y social de la planta cementera. La Cooperativa La Cruz Azul representa una fuente importante de empleo y actividad productiva, por lo que cualquier conflicto en torno a su operación tiene repercusiones directas en la comunidad.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades han reiterado que se actuó conforme a la ley y con el objetivo de restituir la legalidad en la posesión del inmueble. Por su parte, familiares y allegados de los detenidos han manifestado preocupación por la medida cautelar de prisión preventiva.

En los próximos dos meses, el Ministerio Público deberá fortalecer la carpeta de investigación con pruebas que respalden las acusaciones. De no hacerlo, la defensa podría solicitar la revisión de las medidas impuestas.

La vinculación a proceso de 31 personas en el caso de la planta La Cruz Azul de Tula representa un nuevo capítulo en una disputa que ha escalado del ámbito corporativo al penal. El desenlace dependerá de las pruebas que se presenten y de las determinaciones judiciales que se emitan en las siguientes etapas del proceso.