La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Ricardo “L”, acusado de tráfico de personas agravado en perjuicio de 103 migrantes provenientes de Guatemala y Honduras, de los cuales 38 eran menores de edad. El caso, ocurrido en el Estado de México, revela nuevamente la grave situación del tráfico de migrantes y los riesgos que enfrentan miles de personas al intentar llegar a Estados Unidos.

Una sentencia ejemplar por tráfico de migrantes

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (Femdh), el caso fue investigado por la Fiscalía Especial de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, cuyos agentes lograron aportar pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El juez determinó que el delito debía considerarse agravado debido a la participación de menores de edad, lo que aumentó la pena impuesta. Además de los ocho años de cárcel, Ricardo “L” deberá pagar una multa, se ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y deberá reparar el daño a las víctimas.

Las autoridades destacaron que este tipo de sentencias busca enviar un mensaje contundente contra las redes de tráfico y trata de personas, que continúan operando en distintas rutas migratorias del país.

El rescate: 103 migrantes viajaban hacinados en un tráiler

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, cuando Ricardo “L” conducía un tráiler que transportaba de manera ilegal a 30 familias, algunas con bebés de apenas cinco meses de nacidos, además de numerosos niños y adolescentes de origen salvadoreño, guatemalteco y hondureño.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la policía municipal de San Vicente Chicoloapan y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detectaron la unidad, la cual intentó evadir a las autoridades. Tras una persecución, el vehículo fue detenido y los agentes descubrieron que los migrantes viajaban en condiciones inhumanas, dentro de la caja de carga del tráiler.

El rescate de los 103 migrantes fue considerado uno de los operativos más relevantes del año en materia de seguridad migratoria, debido al número de víctimas y la presencia de menores de edad.

Un delito que sigue creciendo en México

El tráfico de personas se ha convertido en uno de los delitos más rentables para el crimen organizado. Según datos de la FGR y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los grupos delictivos cobran entre 2,000 y 10,000 dólares por persona para trasladar migrantes hacia la frontera norte, muchas veces exponiéndolos a riesgos mortales.

En los últimos años, México ha incrementado los operativos contra el tráfico de migrantes, especialmente en estados como Chiapas, Veracruz, Puebla y el Estado de México, donde se han detectado tráilers adaptados para transportar personas en condiciones de hacinamiento y sin ventilación.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el endurecimiento de las políticas migratorias no ha frenado el fenómeno, sino que ha empujado a los migrantes hacia rutas más peligrosas. En muchos casos, las víctimas terminan extorsionadas, secuestradas o explotadas por los traficantes.

Protección y justicia para las víctimas

Tras el rescate, las autoridades migratorias y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) brindaron asistencia médica, psicológica y legal a las 103 víctimas. Los menores fueron puestos bajo protección del Sistema DIF, mientras que los adultos fueron canalizados a albergues temporales en espera de definir su situación migratoria.

La Femdh subrayó que el caso de Ricardo “L” marca un precedente importante en la lucha contra este tipo de delitos. “Cada sentencia de este tipo refuerza el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos humanos de los migrantes y con la erradicación de la impunidad”, señaló la dependencia en un comunicado.

Un paso hacia la justicia, pero no el final del camino

La condena contra Ricardo “L” representa un avance en la persecución del tráfico de migrantes, pero también pone en evidencia la dimensión del problema humanitario que enfrenta México como país de tránsito.

Mientras continúe la crisis migratoria en Centroamérica y la falta de oportunidades económicas, miles de personas seguirán confiando su vida a traficantes sin escrúpulos. Casos como este muestran la urgencia de fortalecer la cooperación regional, aumentar los controles fronterizos y, sobre todo, ofrecer alternativas seguras y legales para quienes buscan una vida mejor.

El reto para México no solo es judicial, sino también moral y humanitario: garantizar que la justicia no llegue solo para castigar a los culpables, sino también para proteger a las víctimas y prevenir que más personas sean víctimas del mismo destino.