Culiacán, Sinaloa. — Un nuevo episodio de violencia se registró la mañana del 15 de agosto de 2025 en el Centro Penitenciario de Aguaruto, cuando una riña entre internos de al menos tres módulos derivó en un presunto tiroteo. El saldo preliminar fue de tres personas heridas, dos de ellas trasladadas a un hospital para recibir atención médica.
De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente ocurrió en las primeras horas del día, generando una rápida movilización de custodios, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la situación fue controlada tras la activación del protocolo de reacción del Grupo Interinstitucional.
La versión oficial de la Secretaría de Seguridad Pública
En un comunicado difundido en redes sociales, la SSPE detalló que los lesionados presentaban heridas leves producto de la riña, y que se mantenía una revisión constante de las instalaciones para prevenir nuevos incidentes.
El mensaje oficial subrayó que se reforzarán los procedimientos de seguridad para reducir riesgos institucionales. No obstante, el hallazgo posterior de un importante arsenal dentro del penal volvió a encender las alarmas sobre el nivel de control que ejercen algunos internos.
Declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya
Durante su conferencia de prensa habitual, el gobernador Rubén Rocha Moya minimizó la gravedad de los hechos, asegurando que no se trató de un enfrentamiento directo:
“No hay, hubo tiros ahí, aislados, no hay enfrentamiento, dicen que hubo tiros, pero no adentro”, afirmó Rocha Moya.
Sus declaraciones contrastan con las versiones extraoficiales que apuntaban a que las detonaciones formaron parte de la riña, lo que ha generado debate sobre la transparencia en la información oficial.
Hallazgo de armas, municiones y dispositivos electrónicos
Como parte del operativo de inspección posterior al incidente, las autoridades localizaron armas de fuego, municiones y dispositivos de comunicación en diferentes módulos del penal. Entre lo asegurado se encuentran:
- Una carabina calibre .223
- Cuatro pistolas calibre .40
- Una pistola calibre .38 Super
- Tres pistolas calibre 9 mm
- Diversos cargadores y cartuchos útiles
- Trece teléfonos celulares
- Ocho radios de comunicación
- Dos módems Wi-Fi
- Cinco cargadores para radios
Este decomiso revela la facilidad con la que ingresan objetos prohibidos al penal, lo que refuerza las críticas a la vigilancia interna.
Antecedentes de incidentes en el Penal de Aguaruto
Semanas antes del reciente enfrentamiento, personal de seguridad descubrió un túnel clandestino de aproximadamente 15 metros de longitud, equipado con iluminación y ventilación rudimentaria. Las autoridades sospecharon que se trataba de una infraestructura destinada a una posible fuga masiva, lo que llevó a reforzar la seguridad y aumentar la frecuencia de las revisiones.
Este hallazgo evidenció que dentro del penal existen redes de organización que operan con recursos significativos, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de control institucional.
Un patrón preocupante de violencia penitenciaria
El Penal de Aguaruto ha sido escenario recurrente de disturbios, decomisos y planes de fuga en los últimos años. Expertos en seguridad señalan que la combinación de sobrepoblación, corrupción y deficiencias en la vigilancia crea un entorno propicio para que se desarrollen actividades ilícitas.
Aunque las autoridades han prometido implementar medidas correctivas, el hallazgo de armamento y tecnología de comunicación indica que el problema persiste y podría agravarse si no se toman acciones contundentes.
El reciente incidente violento en el Penal de Aguaruto pone nuevamente en evidencia las vulnerabilidades del sistema penitenciario en Sinaloa. A pesar de que el gobernador intentó restar gravedad a los hechos, el hallazgo de armas, municiones y dispositivos electrónicos revela que la seguridad interna enfrenta serias brechas.
El reto para las autoridades será no solo contener estos episodios, sino también atacar las causas estructurales que permiten que grupos organizados operen con libertad dentro de los centros penitenciarios. De lo contrario, estos hechos seguirán repitiéndose, afectando la percepción de seguridad y la confianza pública en las instituciones.


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