Las autoridades de Puebla, en coordinación con fuerzas federales, ejecutaron un operativo de supervisión en el penal de la capital poblana que dejó como resultado el decomiso de droga, armas punzocortantes y decenas de dispositivos móviles. La acción busca fortalecer la gobernabilidad y reducir los riesgos internos en uno de los centros penitenciarios más importantes del estado.

La intervención se enmarca dentro de las estrategias de control interno implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN). Según las autoridades, este tipo de inspecciones se realizan de forma periódica para inhibir actividades ilícitas y reforzar la seguridad.

Incautaciones que revelan el alcance del contrabando

Durante la inspección, los elementos de seguridad localizaron una amplia variedad de objetos prohibidos que evidencian la existencia de redes internas de contrabando. El saldo del operativo incluyó:

• 515 gramos de posible marihuana y cristal
• 87 objetos punzocortantes
• 37 recipientes para consumo de drogas
• 35 teléfonos celulares
• Bocinas, cargadores, audífonos, tarjetas SIM, cables y memorias USB

Estos artículos fueron asegurados y puestos a disposición para su análisis e integración en carpetas de investigación. Las autoridades recalcaron que estos decomisos forman parte de una política permanente para erradicar la introducción y uso de materiales no autorizados en los centros penitenciarios.

Operativo coordinado para garantizar la seguridad

El despliegue contó con fuerzas estatales y federales que actuaron de manera simultánea en diferentes áreas del penal, con el objetivo de reducir la posibilidad de resistencia interna y garantizar la transparencia de la intervención. La SSP de Puebla destacó que la planeación previa fue clave para el éxito del operativo, ya que permitió detectar y retirar elementos que ponían en riesgo la seguridad.

La acción no solo se centró en la búsqueda de drogas o armas, sino también en cortar los canales de comunicación ilegal dentro del penal. Los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos incautados son considerados una amenaza, ya que permiten coordinar actividades ilícitas tanto dentro como fuera de las instalaciones.

Refuerzo a la gobernabilidad en penales

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, subrayó que estas intervenciones son esenciales para garantizar la correcta reinserción social de las personas privadas de la libertad. Mantener el orden y la disciplina en los penales no solo previene incidentes, sino que también protege la integridad del personal penitenciario y de los propios internos.

Las autoridades señalaron que, tras este operativo, se mantendrá una vigilancia más estricta y nuevos protocolos de control para evitar que objetos similares vuelvan a ingresar. Esto incluye inspecciones reforzadas a visitantes, revisión exhaustiva de entregas y mayor monitoreo de las áreas sensibles.

Importancia de las revisiones periódicas

De acuerdo con la SSP de Puebla, los operativos de este tipo no se limitan a reacciones ante incidentes, sino que forman parte de un plan preventivo permanente. Su propósito es anticiparse a posibles crisis y reducir la influencia de grupos internos que intentan operar desde el interior del penal.

Además, el trabajo conjunto entre la policía estatal, Semar, Sedena y la Guardia Nacional demuestra la relevancia de la cooperación interinstitucional en el combate a la delincuencia organizada que opera dentro de los centros penitenciarios.

El operativo en el penal de Puebla representa un golpe importante contra las redes de contrabando internas, al retirar de circulación droga, armas y dispositivos de comunicación. Estas acciones no solo fortalecen la gobernabilidad y la seguridad interna, sino que también envían un mensaje claro: la tolerancia hacia actividades ilícitas dentro de los penales es nula.

Con revisiones periódicas, coordinación entre fuerzas de seguridad y protocolos más estrictos, el Gobierno de Puebla busca cerrar el paso a las amenazas internas, priorizando la reinserción social y la protección de todos los que habitan y trabajan en el sistema penitenciario.