En un eco del pasado reciente de Michoacán, habitantes de la comunidad purépecha de San Ángel Zurumucapio han anunciado su levantamiento en armas para defenderse del crimen organizado, instalando barricadas y desafiando el control territorial de los cárteles.
A más de una década del surgimiento de los primeros grupos de autodefensa que sacudieron a México, la historia parece repetirse en Michoacán. Habitantes de la localidad indígena de San Ángel Zurumucapio, enclavada en el municipio aguacatero de Ziracuaretiro, han declarado que se levantan en armas ante lo que describen como una ola de violencia insostenible por parte del crimen organizado.
La decisión, comunicada a través de una circular dirigida a los tres niveles de gobierno, marca un punto de quiebre para la comunidad y reaviva el debate nacional sobre la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en vastas regiones del país.
El Motivo del Levantamiento: «Hartos de la Inseguridad»
El comunicado de los pobladores es un grito de desesperación. En él, denuncian ser víctimas constantes de una serie de delitos que han destrozado el tejido social de su comunidad.
«La comunidad indígena de San Ángel Zurumucapio, Michoacán, informa que […] todo el pueblo se levanta en armas, debido a la inseguridad que padecemos día a día por el crimen organizado, ya que varios habitantes han sido víctimas de delitos como extorsiones, amenazas, secuestros y asesinatos» – Extracto del comunicado de la comunidad.
Como primera medida, los habitantes anunciaron la instalación de barricadas y filtros de control en los accesos al poblado, advirtiendo que portarían armas para hacer frente a cualquier incursión criminal. Este fenómeno no es nuevo; surge del hartazgo ciudadano cuando la percepción es que el Estado ha fallado en su función más básica: proteger la vida y el patrimonio de su gente.
La Reacción Oficial: Negociar con los Insurgentes
Ante el levantamiento, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que estableció un diálogo con los pobladores. El resultado fue un acuerdo para que la Guardia Civil estatal colabore con la Policía Comunal —la fuerza de seguridad propia de la comunidad— en los filtros de inspección instalados.
Esta respuesta, si bien busca evitar una escalada de violencia, es una admisión tácita de la compleja realidad en el terreno. Al negociar y colaborar con el grupo armado, el Estado reconoce su incapacidad para imponer el monopolio de la fuerza por sí solo, legitimando en la práctica una estructura de seguridad paralela nacida de la insurgencia ciudadana.
Este ciclo de violencia, surgimiento de autodefensas y negociación estatal es un patrón que Michoacán ha vivido antes. El levantamiento en San Ángel Zurumucapio es una señal preocupante de que las causas de fondo que originaron el conflicto hace más de diez años siguen sin resolverse.
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