En una operación histórica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la extradición de 26 personas presuntamente vinculadas a cárteles como CJNG y Sinaloa hacia Estados Unidos. El objetivo: proteger a la población y reducir la violencia generada por estos líderes del crimen.
Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch explicó que esta acción se realiza siguiendo el interés nacional y bajo el marco de la ley de seguridad nacional. “Se concretó el traslado de 26 generadores de violencia; se acordó con el Departamento de Justicia de ese país no solicitar la pena de muerte”, señaló el secretario.
Extradición: una estrategia contra el crimen organizado
Harfuch detalló que la segunda entrega masiva busca limitar operaciones criminales desde prisión. “Muchos internos continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, amenazando a funcionarios y extendiendo redes de corrupción e intimidación”, aseguró.
Además, indicó que algunos reos habían obtenido amparos que facilitaban su traslado a cárceles menos vigiladas, aumentando riesgos de fuga y continuidad delictiva. “Los recursos legales que buscaban su liberación anticipada habrían representado un retroceso en la lucha contra el crimen”, afirmó.
Criminales de alto perfil en cinco cárceles de EE.UU.
Los 26 extraditados estaban recluidos en cinco penales federales y cuatro estatales en México y enfrentaban investigaciones en Estados Unidos por homicidio, tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron ataques contra autoridades y generaron violencia en comunidades por años”, enfatizó Harfuch.
La operación movilizó a 988 elementos y 90 vehículos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC y Fiscalía General, utilizando 12 aeronaves para trasladar a los reos hacia Nueva York, California, Arizona y Virginia. La operación respetó protocolos institucionales y garantizó derechos humanos.
Impacto y seguimiento
Harfuch recordó que en febrero se realizó una acción similar con 29 líderes criminales. Entre ellos, Miguel Ángel “Z-40” y Óscar “Z-42”, responsables de homicidios y amenazas constantes al personal penitenciario.
“Con estas acciones reafirmamos que el Estado mexicano no establece relaciones de contubernio con criminales y que la seguridad del pueblo es la prioridad”, concluyó.
TE PODRÍA INTERESAR