Un año después del asesinato de Carlos Manzo, el caso sigue abierto y mantiene preguntas pendientes. El exalcalde de Uruapan fue atacado a balazos el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el centro de la ciudad. A doce meses del crimen, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reporta 34 personas detenidas y estima que la investigación tiene un avance del 90 por ciento.
El balance presentado por las autoridades coloca el foco en una posible represalia de grupos criminales por las acciones que Manzo emprendió contra sus operaciones en la región. La Fiscalía sostiene que, hasta ahora, no ha encontrado indicios de que el homicidio tuviera un móvil político. Se trata de la hipótesis ministerial comunicada por la institución, mientras los procesos judiciales deben determinar las responsabilidades individuales.
¿Por qué investigan una represalia del CJNG?
De acuerdo con las declaraciones del vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, las líneas de investigación apuntan a que el asesinato estaría relacionado con la confrontación que el entonces alcalde sostuvo con organizaciones delictivas que operaban en Uruapan. Uno de los antecedentes señalados por las autoridades fue la detención de René “N”, conocido como “El Rino”, el 27 de agosto de 2025, identificado como jefe de plaza en la zona.
La Fiscalía relaciona ese antecedente con las acciones de seguridad impulsadas por el gobierno municipal. Por ello, el móvil descrito por las autoridades es una posible represalia criminal, atribuida a una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La explicación oficial también descarta, hasta el momento, elementos que apunten a que el ataque se originó por la actividad política de Manzo.
La precisión importa: aunque el caso suele describirse públicamente como una venganza del CJNG, esa conclusión debe mantenerse atribuida a la investigación. La responsabilidad penal de cada persona detenida corresponde a los tribunales y no puede darse por establecida únicamente por una captura o una imputación.
Carlos Manzo: ¿quiénes son algunos de los detenidos?
A un año del homicidio, las autoridades reportan 34 personas detenidas por su probable relación con el crimen. Entre los nombres que han aparecido en las investigaciones están Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, señalado como presunto autor intelectual, y Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, identificado por la Fiscalía como uno de los presuntos coordinadores del ataque.
La investigación también alcanzó a personas que formaban parte del entorno del exalcalde. Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, fue señalado por presuntamente filtrar información sobre los movimientos de Manzo. Asimismo, Rosa Alejandra “N”, exsecretaria de Bienestar municipal, fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, según los reportes sobre el caso.
También fueron investigados integrantes del equipo de seguridad. Entre ellos se encuentra Alejandro “N”, escolta del alcalde, cuya situación legal se ha relacionado con posibles omisiones en la protección del edil. Cada caso tiene que analizarse de manera individual: estar detenido, ser imputado o aparecer en una carpeta de investigación no equivale a contar con una sentencia condenatoria.
¿Qué falta para concluir la investigación?
El porcentaje de avance informado por la Fiscalía se apoya en un volumen considerable de diligencias. Israel Vega reportó alrededor de 3 mil 500 actos de investigación, el análisis de más de mil 200 horas de video, 120 audiencias y cerca de 3 mil actuaciones periciales. Estas cifras muestran la dimensión del expediente, pero no significan que todas las preguntas estén resueltas.
Entre las diligencias pendientes se encuentra cumplimentar una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, señalado como exjefe de escoltas de Manzo, así como obtener los teléfonos celulares que pertenecieron al exalcalde. Según la Fiscalía, esos dispositivos son relevantes para agotar líneas de investigación y se encontrarían en poder de la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz.
La discusión sobre los celulares ha generado tensión pública. Quiroz ha solicitado que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, mientras la autoridad estatal mantiene que todavía existen diligencias por completar en el ámbito local. Por eso, no debe confundirse una solicitud ministerial con una resolución judicial ni afirmar que una persona enfrentará prisión por este asunto sin una determinación legal que lo respalde.
Un año después, el caso sigue abierto
El aniversario del asesinato llega con detenciones, reconstrucciones de los hechos y una hipótesis sobre la posible represalia del crimen organizado. Sin embargo, el 90 por ciento de avance que reporta la Fiscalía no representa el final del proceso: todavía hay diligencias pendientes y los tribunales deben resolver la situación jurídica de las personas señaladas.
Para Uruapan, el 1 de noviembre también es una fecha de memoria y exigencia de justicia. La muerte de Carlos Manzo durante una celebración pública dejó una investigación compleja que involucra a presuntos integrantes de una estructura criminal y a personas de su entorno. El esclarecimiento completo dependerá de que las autoridades acrediten cada participación con pruebas y de que los procesos judiciales lleguen a resoluciones. A un año del crimen, esa sigue siendo la parte decisiva del caso.
