Los Chapitos vuelven a colocarse en el centro del debate nacional sobre seguridad. Esta vez, no solo por el control territorial que mantienen en amplias zonas de Sinaloa, sino por un hecho que encendió las alertas políticas: el ataque armado contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán y el secuestro de 10 trabajadores de una empresa minera canadiense.
La confirmación vino directamente del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que células de Los Chapitos están detrás de ambos hechos violentos. La declaración se dio durante la mañanera del pueblo realizada en Tijuana, un escenario que subrayó la gravedad del mensaje.
Los Chapitos y el ataque a diputados de Movimiento Ciudadano
El ataque ocurrió en Culiacán, una ciudad que desde hace años vive bajo la presión constante del crimen organizado. Las víctimas fueron los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ambos de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con García Harfuch, la investigación está siendo trabajada directamente por el gabinete de seguridad federal en coordinación con el gobierno de Sinaloa.
Aunque no se han revelado todos los detalles, el funcionario confirmó que ambos legisladores permanecen bajo custodia y que habrá avances públicos en los próximos días. El señalamiento directo a Los Chapitos marca un punto clave, pues coloca a una facción específica del Cártel de Sinaloa como responsable de una agresión contra representantes electos.
Este hecho no solo es un ataque físico, sino un mensaje político en una entidad donde la violencia ha redefinido la vida pública.
El secuestro de trabajadores y la operación criminal en Concordia
El segundo caso vinculado a Los Chapitos ocurrió el 24 de enero, cuando 10 empleados de la minera canadiense Vizsla Silver fueron privados de la libertad en el municipio de Concordia. García Harfuch explicó que en esa zona opera una célula activa del grupo criminal y que ya tienen identificado a uno de sus líderes.
“No vamos a parar”, afirmó el secretario, al asegurar que las fuerzas federales continúan la búsqueda de los responsables. Aunque no se ha confirmado si existe una exigencia de rescate o extorsión, el funcionario indicó que fue una sola acción delincuencial y que, hasta el momento, no hay reportes de daños a los trabajadores.
La ausencia de amenazas explícitas no reduce la gravedad del caso, especialmente por tratarse de ciudadanos vinculados a una empresa extranjera, lo que añade presión diplomática al conflicto.
Estado de salud de los diputados tras el ataque
A mitad de esta crisis, el estado de salud de las víctimas refleja el costo humano de la violencia. Sergio Torres Félix permanece en terapia intensiva tras una cirugía en la que se le retiró parte del hueso del cráneo para reducir la inflamación cerebral. Su diagnóstico sigue siendo reservado.
Elizabeth Montoya Ojeda, aunque estable, se mantiene en condición delicada tras perder un ojo durante el ataque. El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González, informó que ambos reciben atención especializada por instrucción directa del gobernador Rubén Rocha Moya.
Estos datos transforman la estadística en tragedia concreta, recordando que detrás de cada ataque hay vidas marcadas de forma irreversible.
Despliegue federal y respuesta del gobierno
García Harfuch confirmó que no existe un número fijo de elementos asignados a este caso, pero subrayó que el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en Sinaloa es “muy fuerte”. El general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, ordenó un reforzamiento específico en la zona.
El mensaje del gabinete de seguridad fue claro: la búsqueda continuará sin pausa. Sin embargo, el contexto genera dudas sobre la eficacia real de los operativos, especialmente en un estado donde la presencia federal ha sido constante durante años.
Violencia persistente y preocupación empresarial
La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Sinaloa, Guadalupe Zavala, calificó los hechos como lamentables e indignantes. Señaló que, pese a los operativos, patrullajes y fuerzas federales desplegadas, la violencia no cede.
El señalamiento de Los Chapitos vuelve a evidenciar la complejidad del conflicto: una estructura criminal fragmentada, altamente armada y con capacidad de operar contra políticos, civiles y empresas internacionales.
El nombre de Los Chapitos se repite una vez más como símbolo de la crisis de seguridad en Sinaloa. El ataque a diputados de MC y el secuestro de trabajadores mineros muestran que la violencia ya no distingue entre política, economía o ciudadanía. La respuesta del Estado está en marcha, pero el desafío sigue siendo enorme. Mientras tanto, Los Chapitos continúan marcando el pulso de una región que exige resultados reales y paz duradera.
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