El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir del Reclusorio Norte en los próximos días, luego de solicitar el beneficio de libertad anticipada tras cumplir casi el 95 % de su condena de nueve años.
Será el 12 de noviembre cuando una jueza federal determine si Duarte podrá salir de prisión o si deberá permanecer recluido. La decisión estará a cargo de Ángela Zamorano Herrera, jueza de ejecución de sanciones del Centro de Justicia Penal Federal.
Duarte asegura haber cumplido los requisitos legales
De acuerdo con su defensa, encabezada por Pablo Campuzano, el exmandatario estatal ha cumplido con los criterios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos:
- Haber purgado más de la mitad de la condena.
- Mantener buena conducta dentro del penal.
- Cubrir las multas impuestas.
- Participar en programas de reinserción social.
“En 2018, el señor se entregó voluntariamente. Después accedió a un procedimiento abreviado, solicitado por la propia fiscalía, reconociendo su participación en los hechos”, explicó Campuzano.
La defensa argumenta que Duarte colaboró con la justicia desde su extradición en 2017 y que actualmente no enfrenta procesos abiertos, ya que varios casos en su contra fueron anulados o declarados prescritos.
Los delitos de Duarte
En 2018, Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, aceptando una pena de nueve años de prisión y el pago de una multa de 58 mil pesos.
Además, se ordenó el decomiso de 40 propiedades y una sanción adicional equivalente a más de 3 mil dólares.
El exgobernador fue detenido en Guatemala en abril de 2017 tras varios meses prófugo y posteriormente extraditado a México. Fue expulsado del PRI y señalado por una compleja red de empresas fantasma y desvíos millonarios durante su administración.
El fiscal Manuel Granados Quiroz, representante de la Fiscalía General de la República (FGR), expresó su rechazo a la solicitud, argumentando que aún existen decomisos pendientes y que Duarte “no ha querido pagar sus crímenes ante la justicia”.
La Fiscalía busca impedir que el exmandatario obtenga la libertad antes de cumplir con todos los compromisos legales y financieros derivados de su sentencia.
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